Las contrataciones públicas son un factor clave en la ejecución del gasto público. El Estado dispone anualmente de recursos económicos millonarios que son contemplados en el Presupuesto General de la República y cuya ejecución es confiada a los responsables de las distintas instituciones que conforman el sector público, esta se encuentra rodeada de una serie de prácticas corruptas de frecuente aplicación tales como la colusión entre contratistas, el ajuste de especificaciones técnicas, pago de dádivas o sobornos para favorecer adjudicaciones, aprobación de ofertas que no cumplen los requisitos exigidos, influencia en el diseño de términos de referencia, entre otros, todo esto relacionado con el tráfico de influencias las cuales impiden la libre competencia, el grado de transparencia en las entidades del sector público y el manejo de los recursos públicos.