Ciudadanos de diferentes departamentos han interpuesto cerca de 17 recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 840 o ley del Gran Canal Interoceánico esta semana ante la Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA / J.TORRES
Rebelión legal contra Ley 840
La preocupación por las afectaciones a las aguas del lago de Nicaragua así como a la expropiación de las fincas cercanas a la gran cuenca, por donde se supone pasará el Canal Interoceánico, llevó a que ciudadanos de Granada, Rivas, Chontales y Masaya interpusieran ayer recursos contra la Ley 840 o Ley del Gran Canal.
Martha Vásquez
La preocupación por las afectaciones a las aguas del lago de Nicaragua así como a la expropiación de las fincas cercanas a la gran cuenca, por donde se supone pasará el Canal Interoceánico, llevó a que ciudadanos de Granada, Rivas, Chontales y Masaya interpusieran ayer recursos contra la Ley 840 o Ley del Gran Canal.
Rolando Meléndez, ciudadano de Chontales, manifestó que la preocupación de los habitantes de Juigalpa es que si llegaran a afectar el lago de Nicaragua con el Canal estarían dejando sin agua potable a 80,000 juigalpinos que reciben el vital liquido de este cuerpo de agua.
Además manifestaron su preocupación por la expropiación de la propiedad bajo el engaño de “utilidad pública”.
“Ya tuvimos un foro donde los productores que tienen fincas aledañas al lago manifestaron que suspenderán inversiones porque no saben dónde les apretará el zapato con esta ley”, sostuvo Meléndez.
Con estos recursos ya suman 17 los presentados ante la Corte Suprema de Justicia en rechazo a la Ley canalera, aprobada el 13 de junio de este año por la Asamblea Nacional a petición del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
¿MALES DERIVADOS?
Todos los recursos argumentan que la Ley es violatoria a la Constitución porque entrega la soberanía y los recursos del país pasando por encima de más de cuarenta artículos de la Carta Magna.
Geraldine Núñez, ciudadana de Rivas, aseguró que otro problema que el Gobierno no ha previsto con la construcción del Canal son los problemas sociales como la prostitución infantil y la explotación laboral en un territorio donde no valdrán las leyes nicaragüenses sino un estado exclusivo a criterio del supuesto inversionista chino Wang Jing.
“Para nosotros el Gran Canal es la zanja maldita, porque dividirá el país y los ciudadanos del centro quedarán desprotegidos”, dijo.
Los ciudadanos que se oponen a la Ley del Canal tienen hasta el 13 de agosto para recurrir ante la CSJ.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
