Elízabeth Romero
De la golpiza a patadas y puños que le propinaron los policías, según Luis Miguel Najarro, a él le quedó una hernia en la columna. Él es uno de los muchos afectados por acompañar a los adultos mayores en la protesta en las inmediaciones del Instituto Nicaragüense y Seguridad Social (INSS), en junio pasado.
Najarro es una de las 14 víctimas que denunciaron ante la Fiscalía agresión, robo y detención arbitraria, por los sucesos del 22 de junio.
“A los chavalos los golpearon y les robaron también”, recordó Najarro.
Dice que a dos meses de lo ocurrido la denuncia no ha prosperado. Pero no desistirán de pedir justicia, pues lo único que les queda es reclamar.
A esta fecha, según Carrión, la Fiscalía debería contar con una investigación policial que haya determinado, por ejemplo, quiénes son los asaltantes, así como quiénes ordenaron “la acción paramilitar terrorista”.
El funcionario del Cenidh apuntó: “Imaginate que esta gente hubiera ido dispuesta a matar ¿La Policía permitía todo esto?, la Fiscalía está obligada a esclarecer ese caso”.
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“Ya me golpearon, me encarcelaron, ahora ¿qué más me queda?, solo que me maten”, señala Najarro, tras referir que hoy se presentarán a la Fiscalía a reclamar por la lentitud de las investigaciones. “Son dos meses y no se mueve nada”, expresó Najarro.
Este joven fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y recluido en una celda de medio metro cuadrado “donde no podía ni estirarme”, después lo trasladaron al Distrito Tres de donde lo sacaron al día siguiente.
CENIDH CRITICA A OPERADORES DE JUSTICIA
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, criticó el incumplimiento de parte de los operadores de justicia de realizar una investigación a fondo que permita esclarecer todos los hechos que ocurrieron en este caso.
Carrión recordó que la denuncia no solo fue por el robo de vehículos y otros bienes, sino todo lo que implicó la violencia en contra de los jóvenes que apoyaron a los adultos mayores.
“Estamos hablando de un asalto masivo que no solo son los siete carros, las motos, (…) los (teléfonos) celulares, las carteras, todo lo que implicó, y el asalto a la vida de las personas”, resumió Carrión.
Sin embargo, “para desgracia de ellos, los OcupaINSS no olvidan”, dijo Carrión, quien apuntó que la demanda es la misma, que esclarezcan a fondo todo y devuelvan lo robado.
El 1 de agosto LA PRENSA publicó declaraciones de la fiscal adjunta Ana Julia Guido, quien aseguró contar con “toda la disposición” de investigar el caso.
“Lo hemos manifestado, estamos trabajando, pedimos auxilio a la Policía”, refirió en esa ocasión Guido, al tiempo que anunció que a las víctimas las llamarían nuevamente a entrevistas “pues no proporcionaron datos concretos”.
No obstante, al preguntarle a la funcionaria en ese momento sobre el caso particular de los siete vehículos robados, la fiscal adjunta respondió evasiva y dijo que el problema es la falta de recursos humanos, además que “hay prioridades de prioridades”.
Ante la falta de respuesta, las víctimas, sobre todo por el robo de vehículos, se han visto obligadas a dirigir cartas públicas a la directora de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, quienes solo han tenido silencio por respuesta.
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