Para el miskito Osorno Coleman, el hecho de que el exjefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna Juárez, sea designado como coordinador político en el poder judicial “es inexplicable”.
A criterio de Coleman, un nombramiento de ese tipo “viene a deteriorar al poder judicial (que), pierde credibilidad ante la sociedad y ante el mundo”.
Coleman es uno de los tres miskitos que en octubre de 2006, junto al secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, presentó el caso de la “Navidad Roja”, ocurrido entre 1981 y 1982, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la denuncia, Cerna es uno de los que aprobó la violencia contra veinte comunidades miskistas que serían reasentadas por la fuerza.
En el 2006 el Ministerio Público de Nicaragua cerró el caso por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, razón por la cual los afectados recurrieron ante la CIDH. Cerna y otras 15 personas del régimen de Daniel Ortega durante la década del 80 están siendo denunciados.
CERNA ERA EL JEFE DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
“Él era el jefe de la Seguridad del Estado, cualquier acto que cometieron los de la Seguridad del Estado en la región (Atlántico Norte) debió ser aprobado por él (Cerna)”, explicó Coleman, quien no dejó de recordar que en ese caso hay otros involucrados en persecución, encarcelamiento y desaparición de indígenas.
Según la denuncia presentada en su momento en la Fiscalía, como resultado unas 64 personas civiles fueron asesinadas, otras 13 torturadas y 15 más desaparecidas.
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“El poder judicial no tiene que tener elementos como él (Cerna), porque eso mancha la dignidad y la altura de un poder judicial que tiene que ser muy independiente, muy imparcial, tener gente transparente, proba, que no tenga pasado” , refirió Coleman.
Carmona por su parte, recordó que sobre ese caso la CIDH aún no se pronuncia si fue admitido o será archivado. “Mientras no la admita al menos está la expectativa que pueda la Comisión admitir la denuncia”, expresó.
Recordó el representante de la CPDH que la Comisión les argumentó el año pasado que debido al exceso de trabajo no lo habían analizado (el caso), pues aún evacuaban casos de los años 2005 y 2006.
MONSTRUOSIDAD ENEL PODER JUDICIAL
Esta semana el asesor económico presidencial Bayardo Arce Castaño habría presentado a Cerna ante una asamblea de trabajadores del poder judicial y militantes del Frente Sandinista de León y Chinandega, como el coordinador político de jueces y magistrados de apelaciones en todo el país.
Para Carmona, este tipo de nombramientos por el gobierno del inconstitucional presidente Ortega, demuestra el grado de deterioro de la justicia de Nicaragua y evidencia que “esta justicia está partidarizada”.
La abogada y dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Azahálea Solís, lo resumió en que ese nombramiento es “un abuso”, y que también “demuestra conflictos de poderes”.
Para Solís, el hecho de mayor gravedad que se puede apreciar en todo esto es que pretenden llevar “las luchas intestinas de un partido político a ese nivel”, en especial, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según Solís, es uno de los poderes del Estado más sensibles, porque se trata de administrar justicia.
“ESTAMOS ANTE UNHECHO INTIMIDATORIO”
|“Con toda seguridad estamos ante un hecho intimidatorio, para que lo leamos así, estamos ante un coordinador político que ha sido la persona que ha manejado la Seguridad del Estado en los años ochenta”, apuntó Solís.
Para Lulio Marenco, del grupo de abogados democráticos, el nombramiento de Cerna es violatorio de la Ley 260, Ley orgánica del poder judicial.
“Cómo es posible que pongan un operador político en un poder del Estado. Eso denota que no hay independencia en ese poder del Estado, como manda la Constitución Política que dice que los poderes son independientes y soberanos”, dijo Marenco.
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