Elízabeth Romero
Al día siguiente de esto, Montealegre declaró al San Antonio Business Journal que sus empresas continuarían proveyendo “servicios médicos de calidad”.
Quantum Southwest Medical Management Inc. operaba una serie de centros de salud y otros servicios médicos en San Antonio, Texas.
En marzo del 2002 el caso llegó hasta la oficina del fiscal general de Texas que demandó a la empresa PacifiCare, empresa aseguradora que según la denuncia no había supervisado apropiadamente la salud financiera de tres de sus Asociaciones de Médicos Independientes IPA en inglés (Independent Physisician Association).
Una de estas empresas era Quantum que “dejaron a médicos y hospitales con millones de dólares en reclamos no pagados”.
Quantum era intermediaria entre la aseguradora PacifiCare y los médicos y hospitales que atendían a los asegurados.
Durante la demanda, PacifiCare alegó que la demanda no tenía mérito ya que la aseguradora había pagado millones de dólares en reclamos que los IPA no habían enterado. En junio de 2005 PacifiCare llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Texas para pagar lo que las IPA, entre ellas Quantum, no habían pagado.
Montealegre evitó el tema y solo refirió que él llegó en 2003 a Nicaragua y creó la empresa Almori. Evasivo, únicamente dijo que vino a generar empleos.
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Después de varios días de haber sido denunciado por la congregación religiosa Santa Teresa de Jesús por supuesta estafa, el secretario de la sociedad International Investments and Financial Services, Inc., Álvaro Montealegre Rivas, dio la cara. En conferencia de prensa Montealegre únicamente reconoce la deuda que tiene con las monjitas y que tiene “un vehículo”, para llegar a arreglo con estas en el pago de la misma. Esta situación que ha trascendido, llevó al nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Fortunatus Nwachukwu, a pronunciarse pues la calificó de “desafortunada”.
“Queremos acompañar a nuestras hermanas, estas religiosas con los mejores deseos, naturalmente con nuestra oración para que se pueda alcanzar una solución justa en tiempo no muy lejano”, manifestó el representante del Vaticano.
Y señaló el religioso que, “la desgracia de una persona es también una advertencia a otras”.
En la actividad a la que convocó el mismo Montealegre, abundaron las preguntas por parte de los periodistas. Pero fue poco lo que aclaró y nunca explicó cuál es ese “vehículo” con el que cuenta para buscar un arreglo con las religiosas que lo denunciaron en la Fiscalía, por una deuda de 526,433 dólares en concepto de capital e intereses por dos certificados de inversión.
“El propósito (de la conferencia) es que se ha encontrado el vehículo(…) el dinero de ellas (monjas) se va a regresar”, expresó Montealegre.
Sin embargo, alegó que “el vehículo” del cual habló de forma reiterada no es oportuno decirlo, porque lo utilizarán para el inicio de “una negociación fructífera”.
Y aunque Montealegre menciona que en múltiples ocasiones se comunicaron con las religiosas, en su denuncia en la Fiscalía, la hermana Ángela Cuadra representante legal de la Compañía Santa Teresa de Jesús, explica que “ante la falta de respuesta del señor Montealegre, fijamos la primera semana de agosto de 2013 como tiempo límite para un acuerdo de pago y le comunicamos que si no presentaba una propuesta viable, procederíamos por la vía legal”.
“Aún así el señor Álvaro Montealegre y la sociedad como tal no mostró ninguna disposición de responder como pensábamos que debería hacerlo una empresa seria para llegar a un acuerdo de pago”, explica la hermana Cuadra.
La denuncia incluye a Roberto Bendaña McEwan pero Montealegre dijo: “Él dejó de ser parte de esta compañía no sé por qué lo denuncian a él”.
Montealegre aduce en su defensa que “no ha habido ninguna estafa” y que él ha buscado a las religiosas para llegar a un arreglo. Estima que será en la próxima semana que puedan iniciar las negociaciones cuando la hermana Cuadra regrese de un seminario.
NO DICE EN QUÉ INVIRTIÓ EL DINERO
Montealegre negó que le empresa esté en iliquidez, como reconoció el martes a LA PRENSA su abogada Helga Hasher, y alegó que el problema se presentó particularmente con las inversiones de las monjitas y evitó referirse en qué invirtieron el dinero.
Sin embargo, LA PRENSA conoció que hay otros clientes que al conocer la situación de las religiosas también decidieron reclamar su dinero.
Ayer trascendió el caso de una familia cuyos abogados también recurrirán hoy a la Fiscalía, a presentar una denuncia por una deuda similar a la que reclama la congregación religiosa.
La abogada Hasher, reiteró ayer que dado que la sociedad está inscrita en Panamá bajo las leyes panameñas, ninguna ley en Nicaragua puede obligar “a un socio que tiene una empresa en Panamá a registrarla en Nicaragua”.
El jurista José Pallais tiene una opinión diferente a la de Hasher.
“Si es considerado una inversión, también han incurrido en actividad ilegal en Nicaragua, porque la Ley de Mercados de Capital obliga a las empresas que emiten obligaciones de certificados de inversión a registrarse anualmente en la Superintendencia de Bancos y colocar su emisión a través de la bolsa de valores”, expresa Pallais.
Y por lo que se ha dicho, esta empresa no está registrada ni habilitada para recibir depósitos ni habilitada para recibir inversiones, dijo Pallais, “por lo cual ellos han estado en una actividad ilegal en Nicaragua”.
A favor de su cliente, Hasher aseguró que la sociedad no captaba clientes en Nicaragua. Pero Pallais sostuvo: “Las operaciones fueron en Nicaragua, las personas llegaban a las oficinas de ellos en Nicaragua”
Y el especialista sostiene también que, cuando las personas son de nacionalidad nicaragüense, aunque sean accionistas de una sociedad panameña, si el delito es cometido en Nicaragua, es competente la jurisdicción nicaragüense. A su vez, “cuando nicaragüenses cometen delitos en el extranjero es competente el derecho penal nicaragüense”, sostuvo Pallais.
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