El Gobierno de los ex DGSE - La Prensa

El Gobierno de los ex DGSE

Fueron entrenados para espiar y conspirar. Torturaron a muchos nicaragüenses en los ochenta. En los noventa sufrieron persecución y fueron despedidos de sus empleos, pero están de vuelta con el nuevo gobierno sandinista. Son los exmiembros de la Seguridad del Estado sandinista

08/09/2013

“La Seguridad del Estado fue usada como punta de lanza de la represión”, dice el ex DGSE, Pánfilo Orozco, quien alega que no fue la Seguridad del Estado la que cometió los mayores crímenes en los ochenta. LA PRENSA/ ARCHIVO

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Eduardo Cruz

Entrenados para conspirar, espiar, perseguir, acorralar, y hasta para torturar, los miembros de la Dirección General de la Seguridad del Estado sandinista (DGSE) de los años ochenta se transformaron en personajes oscuros, temibles e indeseables.

Más de veinte años después que desapareció ese órgano de espionaje, sus exintegrantes aún están “manchados” con esa etiqueta de represión y tortura. Peor aún sí son nombrados en algún cargo público. Dos buenos ejemplos son Óscar Loza y Vicente “El Perro” Chávez.

Loza, exjefe de operaciones de la DGSE, causó un gran revuelo cuando fue nombrado magistrado de Apelaciones de Managua por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2005. El exdefensor de los Derechos Humanos, Lino Hernández, cuestionó en ese momento que un ex DGSE no podía ser nombrado en ese cargo de la justicia por cuestiones de ética y moral. “Lo que ocurría en El Chipote (cárcel de la DGSE en los ochenta) no era un juego en aquellos tiempos”, dijo Hernández en ese momento, refiriéndose a que la DGSE torturó a los nicaragüenses sospechosos de no simpatizar con el régimen sandinista.

Igual ocurrió cuando a Vicente Chávez se le nombró contralor suplente, también en el 2005. En la Asamblea querían frenar el nombramiento, pero el FSLN logró imponerlo.

ESTÁN EN VARIAS INSTITUCIONES

Aún así, los exmiembros de la Seguridad del Estado están en muchas de las instituciones claves del Estado, como el INSS, la Contraloría, el Consejo Supremo Electoral, el poder judicial, el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía, Iniser y en la casa de Gobierno, como asesores presidenciales, entre otros.

No es fácil identificarlos porque la mayoría de ellos evitan a toda costa ser identificados como ex DGSE, especialmente por el estigma que cargan y porque después de la derrota electoral de 1990 sufrieron una fuerte persecución y fueron despedidos de sus trabajos.

Una de esas personas fue Rosa Argentina Bermúdez Morales, quien por años trabajó en el Ministerio de Gobernación (Migob). “Nos crucificaron”, se queja Bermúdez, al recordar la época de los años noventa, cuando ya los sandinistas no estaban en el poder.

Bermúdez dice que ahora, debido a la edad, ya no busca empleo en el Gobierno, sino que se ha dedicado a trabajar con niños de la calle.

Cuando a un funcionario se le consulta sobre su pasado en la Seguridad del Estado, es como si le hayan propinado una bofetada en el rostro. A José Enrique Espinoza Peña, actual viceministro del Trabajo, se le señala de haber pertenecido a la DGSE, pero él lo niega rotundamente.

“No sé de qué me estás hablando realmente. Me extraña esa información que me estás diciendo, no te podría brindar información”, dijo cuando se le consultó sobre su presunto pasado militar. “Esa pregunta que me estás haciendo, ¿qué te voy a narrar de experiencia si después, la manipulación y eso, no me gustan a mí esas cosas”, expresó Espinoza sin negar su vinculación con la DGSE, pero luego lo negó. “No te puedo asegurar eso (que fue miembro de la DGSE), estoy dedicado a mi trabajo como abogado, trabajé para la Cancillería para los años ochenta”, agregó.

Otros funcionarios del Estado, como el fiscal Armando Juárez, no gustan hablar de su vinculación con la Seguridad del Estado sandinista, pero lo hacen a “regañadientes”. “Pienso que no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme. Haber pertenecido a las fuerzas del Ministerio del Interior en los años ochenta, que es un tema histórico, aparte pienso yo que no califica o descalifica mis actuaciones como fiscal, no temo hablar de eso porque soy una persona pulcra y transparente, no temo avergonzarme de haber asumido un rol en defensa de la patria contra aquellos que agredían a este país”, aseguró Juárez en una entrevista a LA PRENSA en el 2011.

En el INSS está Roberto Luna, como jefe de asesores legales de esa institución del Estado. Luna tampoco acepta hablar de su pasado DGSE, sino que promete hablar más adelante.

LOS DIFÍCILES AÑOS POSDERROTA ELECTORAL

La mayoría de los exmiembros de la DGSE fueron entrenados en tácticas para espiar, interceptar mensajes cifrados, investigar y por eso mismo son escurridizos. Prefieren estar en el anonimato. Ariel Cano Palacios fue uno de esos agentes de la Seguridad que fue entrenado en Alemania. Habla de muchas cosas referente a la Seguridad del Estado, pero cuando se le pregunta de asuntos específicos se queda callado.

Aunque se ha mencionado la participación de exmiembros de la DGSE en actos de corrupción o escándalos, como la explosión del buzón de Santa Rosa, los dos hechos criminales más relevantes en que estos exagentes se han visto involucrados son:

Los 609 mil dólares: en el año 2005 se originó un escándalo alrededor de 609 mil dólares que salieron de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia y que se le había incautado al colombiano Luis Ángel González Largo. En la sospechosa devolución se vieron involucrados exmiembros de la Seguridad del Estado como el juez suplente Julio Morales, quien ordenó la devolución y negó ante LA PRENSA que era ex DGSE, a pesar de que diversas fuentes lo identificaban como tal. El defensor del colombiano era Pánfilo Orozco, otro ex DGSE. El fiscal Armando Juárez también actuó como investigador del caso.

Asesinato de periodista Carlos Guadamuz: se vieron involucrados dos exmiembros de la DGSE en este hecho William Hurtado, condenado por el caso, y Luis Alfredo García, dueño del arma con que se cometió el crimen.

“Muy difícil, eso no hablamos, hay cosas que no se revelan nunca”, dice Cano, quien ahora se desempeña como abogado y como docente en una universidad.

Después de la derrota electoral de 1990, Cano recuerda que los exDGSE se vieron en dificultades para conseguir trabajo. Vio cómo sus excompañeros se aglutinaban en busca de obtener beneficios de parte de los gobiernos liberales. “Yo nunca me acerqué a una institución del Estado, sabía que nunca me iban a dar trabajo. Fuimos discriminados. Ahora, con este nuevo Gobierno (sandinista), sigo como abogado y docente, aunque mantengo mi afinidad con el Frente Sandinista”, dice Cano.

El exDGSE Pánfilo Orozco recuerda que después de 1990 él tuvo que vender agua helada o ser ayudante de los “coyotes” o cambistas para poder subsistir, ya que a los exDGSE no se les daba trabajo, sino más bien se les despedía de los empleos.

En 1994 Orozco decidió estudiar Derecho, igual como hicieron otros de sus excompañeros de espionaje, y así se convirtió en abogado. Hoy tiene hasta excompañeros que son jueces, aunque no quiso decir los nombres.

“Muchos de los jefes de la Seguridad del Estado son hoy cualquier cosa, los que aprendimos sí trascendimos, hoy somos abogados, economistas reconocidos, están en cargos de dirección, tenían talento”, dice Orozco sobre él mismo y sus excompañeros en la DGSE.

En el año 2000 los antiguos DGSE comienzan a reagruparse y organizarse en los llamados “comandos electorales” que creó el Frente Sandinista con miras a tomar el poder a través de la participación en los procesos electorales. Los “comandos” eran exDGSE y exmilitares que funcionaban bajo la dirección de Lenín Cerna y fueron decisivos para el triunfo de Daniel Ortega en noviembre de 2006 y en los fraudes electorales posteriores.

La defensora de los Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, aunque no los condena, explica que políticamente son cuestionables que estén ejerciendo cargos públicos, debido a que cuando terminó la revolución no se determinó quiénes tenían responsabilidad específica en los crímenes que se cometieron en los años ochenta.

“Lo que no se puede obviar es que la Seguridad del Estado fue una escuela para conspirar, para luchar contra la adversidad”, dice Pánfilo Orozco, quien dice que ya no existe vinculación entre los exDGSE para operar, aunque a veces “se encuentran” para conversar.

ASÍ SE CREÓ LA SEGURIDAD DEL ESTADO

La Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) fue formada por los sandinistas con ayuda de miembros de agencias de espionaje de otros países socialistas en los años ochenta, entre ellos la Seguridad del Estado de Cuba y la Stasi de la República Democrática Alemana.

El primer jefe fue Hugo Torres, quien luego fue remplazado por Lenín Cerna Juárez. Aunque es conocido que en los primeros años el verdadero jefe era el agente cubano Renán Montero. Montero se ocupaba principalmente de las operaciones en el exterior del país, mientras que Cerna lo hacía en asuntos domésticos.

La DGSE también tuvo influencia de la KGB soviética, en esos tiempos de la Guerra Fría y por la Seguridad del Estado de países como Checoslovaquia y Bulgaria, donde fueron entrenados la mayoría de sus miembros.

Al principio la DGSE trabajaba con oficiales con poca preparación y con recursos económicos insuficientes, según detalla el periodista Luis Duarte en la revista Magazine de LA PRENSA, en junio del 2008. Pero el apoyo de las agencias de espionaje de los demás países socialistas fortaleció a la institución.

El objetivo de la DGSE era principalmente penetrar a las organizaciones contrarrevolucionarias, particularmente militares y neutralizar a los líderes somocistas. En segundo lugar estaba el espionaje político y el trabajo contra la CIA, detalla Duarte.

La bancarrota del Estado afectó severamente al Ministerio del Interior (Mint), del cual dependía la Seguridad del Estado, que vio reducido su personal en un cuarenta por ciento y así se fue reduciendo hasta su desaparición con la derrota electoral de 1990.

“El miedo es que vuelvan a aplicar los métodos de espionaje”

Vilma Núñez de Escorcia.
LA PRENSA/ ARCHIVO

Eduardo Cruz

El estigma que ha recaído sobre los exmiembros de la Seguridad del Estado no es gratis. Aunque fueron agrupados para defender a la revolución de las agresiones, el “pecado” de ellos fue “haberse excedido” en su misión, explica la defensora de los Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia.  

“Ese estigma es creado por ese comportamiento, que rebasaron los límites de su mandato legal. Hubo abusos que quedaron sin castigo, que los cubrió una amnistía sin ninguna investigación”, dice Núñez, refiriéndose que cuando los sandinistas perdieron el poder no se conformó ninguna comisión de la verdad para determinar responsabilidades individuales por los crímenes que se cometieron durante la revolución.

Para Núñez, el hecho de que los miembros de la Seguridad del Estado fueron entrenados con métodos “nada humanos”, provocó que ahora exista animadversión hacia ellos, y si se conoce que uno de ellos es nombrado en un cargo público, el temor de la población es que “vuelvan a aplicar los métodos investigativos o de espionaje” que usaron en los años ochenta.

Aún así, Núñez considera que no se puede condenar a una persona mientras no se le compruebe un delito, y tampoco se puede señalar a una persona por lo que hizo la institución a la que perteneció, como ocurrió con los guardias nacionales, que cuando se cayó el régimen de Somoza los grandes militares huyeron y la revolución juzgó y condenó a los guardias de menor rango.

Núñez agregó que los organismos internacionales de Derechos Humanos han cuestionado a personas vinculadas con crímenes de lesa humanidad, pero no por haber pertenecido a un cuerpo de seguridad.

El exmiembro de la Seguridad del Estado, Pánfilo Orozco, explica que a la Seguridad del Estado se le achacan errores que cometieron otras direcciones del Estado de los años ochenta, como el Ejército. “Yo estuve en la montaña, el Ejército cometió los mayores crímenes, no fue la Seguridad del Estado, nosotros llegamos a cubrir los errores (del Ejército)”, dice Orozco.

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Los miembros de la Seguridad del Estado sandinista, entrenados por agentes cubanos y alemanes especialmente, estaban encargados de detectar a todas las personas que realizaran actividades en contra de la revolución sandinista de los años ochenta. LA PRENSA/ ARCHIVO

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