ACAN-EFE
Las reivindicaciones territoriales de Nicaragua han animado a un grupo de países que se sienten afectados a presentar una carta de protesta ante la ONU, que los analistas tildaron hoy de simple recurso político que no tendrá efecto sobre un fallo de la CIJ que parece ser el origen de la controversia.
Colombia, Costa Rica, Panamá y Jamaica se encuentran redactando la carta que, según anunció el lunes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregará él personalmente a finales de este mes al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Colombia, «junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas», presentará la queja ante la ONU, dijo Santos, después de tildar de «inaplicable» un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que otorgó a Managua una porción del mar Caribe bajo dominio de Bogotá desde 1928.
Las autoridades colombianas han señalado que ese fallo de la CIJ afectaría convenios que Bogotá tiene firmados con Panamá y Costa Rica, país este último que también ventila litigios fronterizos con Managua ante el máximo tribunal de la ONU.
«Una carta no puede afectar un fallo de la CIJ», coincidieron este miércoles varios analistas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua consultados por Acan-Efe.
El internacionalista y catedrático panameño Julio Yao precisó que «un fallo de la Corte no se puede afectar sino por la Corte misma», por lo que «cualquier otra acción por fuera», como la entrega de la carta, «es a título de denuncia y nada más».
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa coincidió con Yao en que la carta conjunta «es una especie de jugada política» de países aliados que «no va a llegar a nada».
Para el politólogo costarricense Claudio Alpízar, las disputas fronterizas entre Nicaragua y sus vecinos solo dejan al descubierto una debilidad existente en Latinoamérica desde la época de la colonia en cuanto a la definición de los límites entre los países.
Alpízar señaló que «en las últimas décadas se ha vuelto muy importante tener más espacio marítimo por diversos intereses», por lo que las controversias actuales «son reacciones nuevas de viejas rencillas».
«Lo que hay son intereses económicos escondidos bajo la sombrilla de la política», añadió, al negar que se pueda calificar a Nicaragua de país «expansionista», pues «no es una potencia económica, militar ni política».
El presidente inconstitucional, Daniel Ortega, anunció el pasado 14 de agosto que Nicaragua otorgó una concesión de exploración de petróleo y gas en el territorio marítimo que le otorgó la CIJ.
El Gobierno de Ortega también presentó en junio ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas una solicitud para extender hasta las 350 millas náuticas su plataforma continental.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, confirmó este miércoles que su país se ha visto afectado por las reivindicaciones territoriales nicaragüenses y anunció que firmará por ello junto a Colombia, Costa Rica y Jamaica la carta conjunta.
«Parece ser que Nicaragua se quiere coger todos los océanos territoriales que le pertenecen a esos países y a Panamá. Con lo que ellos están pidiendo, casi quiere llegar a la ciudad de Colón (en la costa del Caribe panameño) y eso no tiene ningún fundamento», dijo Martinelli.
El canciller costarricense, Enrique Castillo, desvinculó el martes el tema de la carta conjunta contra Nicaragua de la posición de Bogotá frente al fallo de la CIJ, cuya «jurisdicción y competencia» San José «reconoce», dijo.
«Son dos cosas que hay que desligar. Una cosa es la posición de Colombia ante el fallo de la Corte y otra la posición de otros países que tenemos en común ser amenazados por actitudes expansionistas de Nicaragua», agregó.
A comienzos de mes Ortega aseguró que además de los litigios que ya tiene en marcha en la CIJ con Costa Rica, podría reclamar ante ese tribunal la soberanía de la provincia costarricense de Guanacaste, que se unió al vecino país en 1824 tras realizar cabildos en sus pueblos.
El presidente nicaragüense salió el martes al paso a las acusaciones de «expansionismo» con el argumento de que esa política solo se puede llevar adelante «por las armas» y su Gobierno acudió «al derecho internacional».
