Lucía Navas
¿Cuánto ha invertido el INSS en comprar 12 clínicas médicas?, preguntó LA PRENSA a Zepeda. “Eso hay que preguntárselo al presidente del Seguro Social”, respondió.
¿Cuándo informa a los trabajadores usted? “Cuando te organicés en un sindicato, cuando te lo permita LA PRENSA, y llegués a las asambleas sindicales te vas a dar cuenta”, dijo.
Pero Luis Barbosa, secretario general de la CST-JBE, desconoce un informe sobre el manejo del INSS de parte de Zepeda. “No, no tenemos ninguna información hasta este momento, lastimosamente, podemos decir que a lo largo de todos los períodos donde hemos tenido representantes de los trabajadores nunca hemos sido informados los asegurados”, afirmó.
Proponen que la reforma al INSS incluya una rendición de cuentas constante sobre las inversiones, la tasa de retorno que generan, las compras de clínicas médicas, entre otras exigencias.
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Son 1.5 millones de derechohabientes (entre asegurados activos, sus cónyuges e hijos y pensionados) por los que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) paga para que sean atendidos en las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud (IPSS).
Han sido unos 426,000 derechohabientes los que han incrementado entre 2008 y 2012, de acuerdo a informes oficiales.
Según el Anuario Estadístico 2012, el INSS pagó unos 110 millones de dólares por año a 38 clínicas previsionales por atender a los trabajadores afiliados y sus beneficiarios. Actualmente son 38 previsionales, de las cuales 18 pertenecen al Ministerio de Salud (Minsa) y veinte son privadas, las que tienen contratos con el INSS.
Al acercarse el inicio de la discusión de la reforma al Sistema de Pensiones, los sindicatos de trabajadores levantan el reclamo de que este incluya la revisión y cambio del sistema de atención en las previsionales, pues critican que la calidad no es la mejor y el gasto del INSS es excesivo.
La propuesta formal la presentó la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), y apunta a que se pague solo por la cantidad de asegurados y beneficiarios que sean atendidos en las clínicas y que se revise el pago per cápita.
Luis Barbosa, secretario general de la CST-JBE, sostiene que el cambio le ahorraría al INSS unos 45 millones de dólares, dinero que a su parecer debe pasar a las reservas del instituto para que ayuden a su sostenibilidad a largo plazo.
RIESGOS
¿Conviene cambiar el modelo? Jaime Fuentes Pereira, exgerente general de Salud Previsional del INSS, analiza mayores riesgos en la propuesta sindical, porque podría agrandar el déficit financiero y fomentar la corrupción con la atención que brindan las previsionales.
La Cámara Nicaragüense de la Salud (Canisalud) calcula que cada mes el INSS paga por asegurado 357.68 córdobas a cada IPSS.
Fuentes explica que la ventaja del modelo existente es que el monto es fijo, independiente que el asegurado llegue o no a consulta médica. “La previsional asume el riesgo de que si todos los meses les llegan los cien asegurados que se les asignan, los tienen que atender por el mismo monto sin cobrar nada más”, afirma.
Precisa que el pago per cápita se determina con base en estudios técnicos, por lo cual no respalda tampoco la queja de las IPSS de que no cubre el total de la cobertura médica que brindan.
Cuando el modelo depende del pago por atención, es decir, por evento, Fuentes identifica un potencial riesgo en que en las clínicas busquen mecanismos para hacer que los asegurados hagan uso de ese beneficio con más frecuencia, por ejemplo, acortando la proximidad de las citas médicas, prescribiendo más medicamentos y exámenes especializados.
“Sería un incentivo para promover los servicios médicos, los pagos por eventos exageran los cobros médicos que no se brindan, lo cual traspasa el riesgo al INSS, porque sus obligaciones de pago se le elevarán y si ya es limitado su recurso, se causará que se agote rápidamente”, afirma Fuentes.
El instituto también sería obligado a mantener un equipo permanente dentro de cada IPSS para constatar el número de pacientes, las medicinas y exámenes que se brinden. Fuentes recuerda que esa capacidad supervisora no la tendría el Seguro Social, pues significaría incrementar sus gastos administrativos para contar con el personal requerido.
“No podés brindar los servicios de salud que no podés financiar, el INSS tiene límites”, afirma Fuentes.
CASTIGAR MALA ATENCIÓN
Aclara que eso no implica debilitar los mecanismos de supervisión para que mejore la calidad de atención. Recordó que el gobierno de Enrique Bolaños incrementó la vigilancia por medio del contrato de prestaciones entre el INSS con las empresas previsionales, basado en un compromiso de gestión, indicadores de exigencias sujetos a duras sanciones administrativas e incluso cancelación del contrato si se incumplía.
La dureza del mecanismo anterior era tal que las clínicas debían obtener una certificación del INSS sobre capacidad de brindar con calidad los servicios, tanto a los asegurados asignados como a la cantidad que se le fuera aumentando. Se les evaluaba si estaban dotadas de determinada cantidad de consultorios, personal, equipos para realizar los exámenes clínicos y la cesta de medicamentos acordados.
Con el actual Gobierno, bajo la administración de Roberto López, presidente del INSS, las exigencias se relajaron. La CST-JBE ha identificado incluso que en varias clínicas no permanece el supervisor del INSS a fin de que resuelva sobre cualquier reclamo que se presente de parte del derechohabiente, tampoco existe un estudio de los reclamos.
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