El papel de la institucionalidad en el desarrollo es un importante tema de debate. Cabe el interrogante: ¿Es posible lograr altas tasas de crecimiento económico dentro de un sistema político institucional autoritario? Sí es posible. Lo han hecho varios países: China, Taiwán, Singapur y sin ir muy lejos: Nicaragua en el período 1945-1977 logró las tasas de crecimiento del PIB más altas de su historia. Pero crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible implica: crecimiento del PIB per cápita más sostenibilidad institucional y política más inclusión o sostenibilidad social más sostenibilidad ambiental.
En el período 1950-1977 hubo crecimiento pero no desarrollo sostenible. Socialmente fue un modelo concentrador y excluyente y el algodón deterioró el medioambiente, políticamente el sistema autoritario condujo a la guerra civil. Posteriormente en la década de 1980, el intento de construir un modelo socialista autoritario, prolongó la guerra civil. La economía se derrumbó y no hemos recuperado hoy el PIB per cápita que teníamos en 1960.
Más recientemente, en el período 1997-2001 la tasa de crecimiento promedio del PIB fue de 4.4 por ciento, la más alta de los últimos períodos presidenciales. La ayuda recibida por el huracán Mitch fue un factor clave en la tasa de crecimiento del 7 por ciento en 1999. Hubo un modesto crecimiento económico, ¿pero se logró un desarrollo sostenible? ¿Se fortalecieron las instituciones? ¿Prevaleció la ética institucional? En el período 2007-2012 la tasa de crecimiento promedio del PIB fue de 3.5 por ciento, pero: ¿se han establecido las bases de un desarrollo institucionalmente sostenible para el largo plazo?
Las instituciones importan. El crecimiento y la institucionalidad democrática deben promoverse simultáneamente. No cabe esperar crecer para luego promover la democracia. El Estado de Derecho y la institucionalidad democrática son valores en sí mismos y además promueven el crecimiento. Un estudio del FMI señaló que si los países centroamericanos tuviesen instituciones de la calidad de las de Chile, aumentaría la tasa de crecimiento. Históricamente sí Nicaragua hubiese tenido la institucionalidad de Costa Rica, hubiera habido un crecimiento económico sostenible. Aunque Costa Rica no es un paraíso institucional, la calidad de sus instituciones ha sido superior a las de Nicaragua. Ello explica en buena medida que hoy el PIB per cápita de Costa Rica sea más de cinco veces el de Nicaragua. La institucionalidad democrática sí importa para el desarrollo sostenible.
Sobre la institucionalidad existen hoy dos perspectivas diferentes: Una primera, prioriza la coordinación en temas económicos entre el sector privado y el Gobierno. La prioridad es mejorar el clima de negocios. Se subestima de hecho —aunque no en la retórica— el problema de la gobernabilidad y de la captación política de las instituciones. Su objetivo es el crecimiento, no el desarrollo sostenible.
Una segunda visión de carácter integral promueve el Estado de Derecho, un gobierno de leyes y no de hombres, el respeto a los derechos individuales y sociales y la coordinación amplia entre los sectores público, privado y la sociedad civil. Rechaza la captación política de las instituciones. Sostiene —como señaló el doctor Alejandro Serrano— que “el poder debe estar subordinado a las Leyes y no las Leyes subordinadas al poder”. Esta visión considera que el Estado de Derecho es fundamental para el clima de negocios, sobre todo para los miles de medianos, pequeños y microempresarios, que no tienen mayor influencia en las altas esferas del poder político. El objetivo es el desarrollo sostenible, lo que incluye el crecimiento económico. Una economía de mercado eficiente requiere de un verdadero Estado de Derecho.
Dentro de esa visión integral se considera que el diálogo entre el sector público y privado es positivo pero no tiene que ser excluyente, sino pluralista. Ello no debe sin embargo implicar pasar de un corporativismo excluyente —limitado a dos actores— a un corporativismo amplio, ya que un sistema corporativista se acerca más al fascismo que al sistema democrático occidental. Aunque los partidos políticos dejan mucho que desear —por decir lo menos— les corresponde un importante papel en el diálogo sobre las políticas económicas, en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y en el logro de un desarrollo sostenible. El autor es economista.
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