Cuando el 10 de septiembre de 2012, Hugo Chávez como presidente de Venezuela por intermedio de su ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que el dictador venezolano estaba reflejando era la cada vez más fuerte presión de una larga lista de casos de violaciones a los derechos humanos que él y su gobierno habían cometido contra opositores, políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y ciudadanos venezolanos. Muchas denuncias se tramitaban, algunas habían sido probadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pasado a competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existían ya sentencias que no querían cumplir. Era simplemente la reacción del acusado perdidoso, la del violador de los derechos humanos cuyos actos son objeto de condena, temeroso de que estas instancias pongan prontamente en evidencia centenares de casos demostrando que la violación de los derechos humanos en la Venezuela del socialismo del siglo XXI es regla de gobierno.
Ya antes de la denuncia de Chávez, había comenzado una dura campaña de los países del socialismo del siglo XXI o proyecto Alba contra la CIDH y el sistema interamericano mismo, pretendiendo modificar sus competencias e incluso trasladar su sede de Washington DC a un territorio controlado por ellos, con la sencilla lógica que los perseguidos no podrían presentar demandas en un país donde no podrían llegar sin temor a ser convertidos en presos políticos por sus perseguidores. El secretario ejecutivo de la CIDH fue una de las víctimas de esta campaña y denunció la presión del secretario de la general de la OEA, José Miguel Insulza y de Venezuela para su retiro.
En la Asamblea General Extraordinaria de la OEA en marzo de 2013, Ecuador declaró su intención retirarse del sistema interamericano de derechos humanos; la siguió Nicaragua y luego Bolivia por medio de Evo Morales, incluso con la amenaza de abandonar la OEA. Argentina y los países vinculados a Petrocaribe llevaron esta situación a una virtual crisis que fue soslayada ante el evidente y aún útil control político que tiene de la OEA el grupo de los gobiernos del Alba con el secretario Insulza como operador.
La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y prácticamente todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos del hemisferio y muchas del mundo emitieron declaraciones de pedido, reflexión y protesta, pidiendo al gobierno de Venezuela que no haga efectivo su retiro. Defendieron la autonomía e independencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordando que estas instituciones “en el ejercicio de sus funciones han protegido los derechos de miles de víctimas y ciudadanos de nuestro continente” y advirtiendo que la acción de Venezuela “representa un grave retroceso para la protección de los derechos humanos en la región” y que “dicha denuncia está precedida en los últimos años por un incumplimiento de la mayor parte de las sentencias y medidas de protección emitidas por la Corte Interamericana”.
Maduro ha concretado la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es la Venezuela de Chávez y de Maduro la que está fuera de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La seguirá el Ecuador de Correa quien luego de la salida de Venezuela ha declarado que “tendremos que analizar también una decisión al respecto porque no vamos a ser cómplices de cinismos y de grandes hipocresías”. Sin demora se sumará la Bolivia de Evo Morales y sin duda la Nicaragua de Ortega. Son los cuatro países del sistema con la mayor cantidad de denuncias y demandas por violaciones a los derechos humanos en su contra, son las dictaduras del socialismo del siglo XXI.
Así crece el nivel de indefensión de las víctimas de violaciones a los derechos humanos (los perseguidos, presos políticos y exiliados) que producen estas dictaduras disfrazadas de democracias. Queda el sistema de las Naciones Unidas, pero es más distante, difícil y más controlado por los gobiernos del Alba que incluso han logrado incluir a la Cuba castrista en sus organismos.
Lo que este proceso evidencia es que las dictaduras del socialismo del siglo XXI escapan del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es una acción que además de debilitar la defensa y protección de los derechos que antes usaron como bandera, constituye pública confesión de los crímenes que cometen como política de Estado
contra sus ciudadanos y contra la democracia. El autor es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy. ©FIRMAS PRESS.
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