El domingo pasado, un equipo de trabajo de LA PRENSA que buscaba información sobre un nuevo canal de televisión de la familia presidencial Ortega Murillo, fue retenido por miembros de la Policía en el vecindario de la residencia y casa presidencial de Daniel Ortega, donde funciona la productora audiovisual que está tramitando la concesión de la nueva empresa televisiva orteguista.
Es obvio que la familia presidencial quiere hacer pingües negocios bajo el beneficioso alero del poder estatal, y extender su control político sobre la comunicación radial y televisiva en el país. Pero no le gusta que se informe sobre ello y sus guardianes militares y policiales —pagados con los impuestos de todos los nicaragüenses—, reprimen a los periodistas que ejercen su derecho de informar y cumplir su misión de buscar la noticia para transmitirla a sus lectores y audiencia s.
Los miembros de la afortunada familia Ortega Murillo tienen derecho de hacer negocios, igual que las personas y familias normales. Pero tratándose de un grupo familiar que detenta el poder del Estado (y que además lo ejerce de manera absolutista y nada transparente), cada nuevo negocio particular que emprende este grupo privilegiado tiene importancia noticiosa porque es del interés público saber si se está aprovechando de su posición para actuar con ventaja y deslealtad competitiva, o si compite con los demás en igualdad de condiciones.
También tiene valor informativo el afán desmedido de acaparar medios de comunicación radial y televisiva, de los cuales ya solo unos cuantos quedan en poder de empresarios y operadores privados independientes. Y sobre todo es de sumo interés nacional, político y social, conocer si la concentración de medios audiovisuales en manos de la familia presidencial es motivada solo por la codicia de amasar más y más riqueza , o si es parte de un proyecto político para perpetuarse en el poder.
Los interesados en política saben muy bien que el totalitarismo (en cualquiera de sus variantes, rústicas o solapadas), no solo tiene interés en controlar el poder estatal sino también en dominar la mente y la conciencia de las personas. Por eso apunta siempre a controlar los medios de comunicación de masas que permiten llegar directamente a todos, en todas partes y durante todo el tiempo. Y en la actualidad, cuando bajo la envoltura del denominado “socialismo del siglo 21” se viene imponiendo una nueva versión del totalitarismo, suave pero igualmente totalitaria, le interesa ante todo controlar la televisión, la cual, así como puede ejercer una gran función educativa también se puede utilizar como arma de destrucción masiva de ideas y de conciencia.
Salvo que sea indispensable, el nuevo totalitarismo no utiliza la violencia brutal contra las personas ni se roba la propiedad ajena, como lo hacía el totalitarismo ordinario, comunista o fascista y como se practica todavía hoy en Corea del Norte. En los años ochenta, el totalitarismo rústico de la revolución sandinista confiscó o robó las empresas de televisión y las convirtió en un aberrante lavador de cerebros llamado “sistema sandinista de televisión”. Ahora el totalitarismo “blando” del orteguismo no confisca los medios de comunicación, prefiere comprarlos y autoasignarse las concesiones de transmisión televisiva y radial. Pero el fin siempre es el mismo: practicar el lavado de cerebros para degradar a la gente a la condición de servidumbre.
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