Pedro J. Chamorro B.
Esta semana la Asamblea Nacional (AN) discutirá la iniciativa de reforma a la Ley 779 introducida por la Corte Suprema de Justicia, cuyo elemento más controversial es que introduce la mediación entre las partes cuando se trata de delitos menores. Esta reforma ha sido dictaminada por consenso entre las bancadas mayoritarias de la AN, a como lo fue en su momento la propia Ley.
La Iglesia católica ha apoyado esta iniciativa porque en primer lugar para la Iglesia por un principio de fe el matrimonio es para siempre y por tanto hay que darle un margen de oportunidad antes que su disolución sea irreversible.
Además, el perdón es un dogma de fe cristiana, si no admitimos la posibilidad del perdón aún para casos de ofensas o delitos menores entre una familia, lo que estamos haciendo es condenando a priori a miles de matrimonios al fracaso.
La reforma plantea dos aristas que es importante destacar para los detractores: la primera es que la mediación será permitida únicamente en una sola vez y para delitos menores. La segunda es que es voluntaria: si una de las partes no quiere mediación, no hay mediación. Si una de las partes considera que la agresión de su contraparte no es algo “menor”, pues no acepta la mediación y el matrimonio se encamina a su disolución sin posibilidad de un arreglo.
Tal como está la Ley, se presta para que por un delito intangible, como una agresión psicológica, un grito, o una agresión “patrimonial” una persona sea llevada a la cárcel sin posibilidad de salvar su matrimonio. Tal como está la Ley, se presta para que se cometan graves injusticias. Por tanto, es deber de los legisladores y legisladoras, así como de los magistrados y magistradas que imparten justicia, enmendar el error cometido antes que las consecuencias sean precisamente contrarias al fin que se persiguió cuando se promulgó la Ley 779.
Esta reforma no cambia nada la rigidez de la Ley cuando se trata de los delitos mayores contra la mujer, que son los que estamos acostumbrados a leer en los diarios, como la violación, lesiones graves o el asesinato.
Tampoco tiene nada que ver con la defensa de los derechos sagrados de la mujer, mucho menos con posiciones machistas. Tiene que ver con la justicia misma, con el sentido común y los principios cristianos que mueven al ser humano hacia la compasión y el perdón, con la defensa y preservación hasta donde sea posible, de la más sagrada institución: la familia.
Hay muchas leyes que han sido aprobadas sin consenso en la Asamblea Nacional, que nos hemos opuesto vehementemente. Esta Ley ha estado en la palestra pública y ha sido discutida con amplitud por la población en foros en los medios de comunicación y por fortuna, tanto la Ley original como esta reforma ha sido trabajada por consenso en las bancadas mayoritarias y de esa misma manera será aprobada. El autor es diputado de la BDN y Presidente de la Comisión de Turismo.