Roy Moncada
Los transportistas de Managua no solo brindan un mal servicio a los usuarios, si no que ahora obligan a sus clientes a asumir un deficiente servicio de pago de transporte que se acordó en oscuros términos y bajo la complicidad de la Alcaldía de Managua, autoridad que hasta ahora no asume su responsabilidad en el lío social.
Esta semana el Concejo Municipal rechazó la destitución de Francisco Alvarado, director del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua, férreo defensor de los intereses de MPeso.
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- 16 centavos cobra MPeso por cada pasaje que se paga de forma electrónica. Esto le permitirá a la empresa tener un ingreso de 128,000 córdobas por día, ya que se utilizan 800,000 pasajes.
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Para Agustín Jarquín Anaya, excontralor de la República, al autorizar las cooperativas de buses un contrato de administración de fondos del pasaje del transporte público con la empresa MPeso, los transportistas pasaron encima de la Ley General del Transporte Terrestre (521) y Ley de Acceso a Información Pública (621), al negarse a revelar los alcances del documento de contrato que firmaron con MPeso para administrar el pasaje de forma electrónica por 15 años.
“(Los transportistas) se libretean porque se lo permite el Concejo Municipal, las autoridades ejecutivas y el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua)”, denunció Jarquín Anaya.
El argumento de transportistas para ocultar los detalles de la concesión a MPeso, es que “son negocios entre privados” y por ello no están obligados a rendir cuentas a nadie.
Sin embargo, Rodolfo Pérez, especialista en contrataciones públicas, explicó que, aunque los transportistas y MPeso sean empresas privadas, por ser el transporte público un servicio social bajo regulación de la Alcaldía, el negocio del cobro de pasajes electrónicos debió licitarse y ser sujeto a revisión por las autoridades fiscalizadoras.
“Sería diferente que se hiciera algo entre privados que no tuviera un interés público, que fuera estrictamente privado, pero en este caso no porque aquí hay una concesión o una licencia del Estado para desarrollar el transporte”, agregó Pérez.
Jarquín Anaya aseguró que este desorden del sector transporte faculta a la Alcaldía de Managua a revisar y hasta anular la concesión que los transportistas tienen por veinte años.
Además, dijo el excontralor, la Contraloría General de la República tiene facultades para iniciar una investigación y determinar la legalidad de la concesión a MPeso.
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