Lucía Navas y Saúl Martínez I Entrega
La terminal aduanera en Puerto Corinto parece un “valle de lágrimas” de los conductores de furgones de transporte de carga. Parte de los lamentos son por las constantes multas, retención de los furgones y de las mercancías sin sustento legal, pagos por estadía obligada en el antepuerto Punta Icaco —pese a carecer de condiciones de seguridad y atrasos en el muelle—, debido a que Aduana dispuso que las máquinas cargadoras frontales estén disponibles solo en horario nocturno.
Los empresarios dueños de las mercancías se suman a las inconformidades porque el funcionario aduanero les multa mínimo con cincuenta pesos centroamericanos (equivalentes al valor del dólar en la moneda local), por cosas como que en el documento de embarque y manifiesto aparezca una corrección. En el caso del transporte terrestre se suma la medida de retener el vehículo, lo que genera gastos adicionales por demora o estadía hasta que reciben la orden de liberación.
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (Comieco) “lo tiene que considerar”, dijo Solórzano, e ir removiendo “obstáculo por obstáculo, porque Centroamérica debe fortalecer integración regional y su comercio regional”.
Mencionó que Nicaragua, por sostener su oferta exportable en productos agropecuarios y agroindustriales, es de las más interesadas en resolver las trabas que “se ven principalmente en el campo sanitario y fitosanitario”.
Gisella Canales Ewest
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“Todo es multa aquí (en Puerto Corinto) y en dólares. Están de moda las horas extras (del personal) porque en horas hábiles no te cargan un contenedor y siempre esperan la noche para cargar”, dijo uno de los conductores de cabezal quien no relevó su nombre por temor a represalias de parte de los funcionarios.
Entre las irregularidades que detallan está pagar 40 córdobas por 24 horas del parqueo de los cabezales, pero sin que los oficiales a cargo del antepuerto se responsabilicen por robos de llantas, espejos, repuestos y focos que constantemente se dan. Y si el antepuerto se satura y el cabezal se parquea en la calle, Aduana y la Empresa Portuaria les sacan de la lista de ingreso al muelle, retrasando así los trámites.
Por Puerto Corinto se moviliza la mayor parte de la carga de exportación e importación del país. El año pasado se transportó por ahí 89,537 contenedores de 20 pies, de acuerdo con el ranking de movimiento portuario de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Eso significó un aumentó de 11.8 por ciento respecto a 2011 .
VIOLACIÓN DE LA DGA
Los abusos e irregularidades en las terminales portuarias de parte de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) se suman en las 15 trabas que Nicaragua documenta en la matriz de Obstáculos al Comercio Intracomunitario, que el sector privado a través del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) elevó a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).
Los empresarios nicaragüenses señalan a la DGA de violar las normas de comercio interno así como del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y su Reglamento (Recauca). Entre las ilegalidades expuestas es que la Aduana no permite retiros parciales de las mercancías en el período de los 20 días del depósito temporal y solo se libera si el importador paga la infracción administrativa.
Henry Thompson, experto en temas aduaneros y asesor del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), afirma que esas medidas son contra las normas. Confirma que los problemas es en todo el proceso del desaduanaje como la subvaloración, multas no sustentadas, reclasificación del producto, el reenrutamiento de la declaración, principalmente.
El reenrutamiento —explica— significa que en el análisis de riesgo al momento del proceso de declaración de la mercancía, en el primer proceso la deja pasar, pero a mitad de camino el funcionario aduanero lo manda a “rojo” alegando dudas de valor sin la debida sustentación. Eso imposibilita el desaduanaje del producto e inicia un engorroso y caro proceso administrativo.
Una de las arbitrariedades que indica el empresariado nicaragüenses a la DGA es “la valoración de vehículos, repuestos y accesorios usados importados hasta cuatro veces mayor al precio realmente pagado o por pagar” por él.
Thompson reclama este proceso porque incluso Aduana con la Policía Antinarcóticos llegan al extremo en el puesto fronterizo de Sapoá de ordenar desarmar partes del motor del vehículo, aunque no haya ninguna sospecha de que la importación se vincule a un caso delictivo.
Incluso se llegan a romper los sellos de declaración a la mayoría de vehículos, dañando las mercancías y la estructura de las unidades de transporte al perforar y desarmar partes de los vehículos, refiere el documento expuesto a la Sieca.
Las 17 federaciones empresariales de Centroamérica, incluyendo el Cosep, que tiene la presidencia del CCIE, buscan que a corto plazo el Sieca y el Comieco aborden con prioridad los obstáculos presentados por cada país y de forma regional, para que se ordene de una vez a los directores de las aduanas a no interpretar sino a cumplir las leyes.
MAÑANA: EL IMPACTO DE LAS TRABAS AL COMERCIO REGIONAL
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