Guatemala/ACAN-EFE
Guatemala rechaza las acusaciones de Belice de tener intenciones de realizar una acción militar para recuperar ese territorio, como lo denunció ante la ONU el canciller de la excolonia británica, Wilfred Erlington, informó hoy una fuente diplomática.
El ministro guatemalteco del Exterior, Fernando Carrera, envió una extensa nota al secretario de la OEA, José Miguel Insulza, con copia a Erlington y a países amigos, como respuesta al discurso pronunciado por el diplomático beliceño en la 68 Asamblea General de la ONU, informó la Cancillería en un comunicado.
“Guatemala es un país con vocación pacifista que busca contribuir a la paz y a la seguridad mundial” y en consecuencia “rechaza cualquier insinuación sobre la intención de hacer valer sus derechos sobre el territorio que administra Belice a través de una acción violenta o militar”, señala la nota.
Erlington expresó ante la ONU que Guatemala suspendió de forma unilateral una consulta popular, pero no aclaró que se debió a que su país cambió las reglas del juego pese al compromiso asumido con el secretario de la OEA en diciembre de 2007, explica.
La consulta popular conjunta se debería celebrar este 6 de octubre pero Guatemala decidió suspenderla por falta de igualdad de condiciones, ya que Belice exigía la participación del 60 % del padrón electoral para que el referéndum tuviese validez.
Además, Belice ha expresado que si el resultado del referéndum es negativo, el caso nunca podrá ser llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“Guatemala considera estas declaraciones como totalmente provocadoras para romper el proceso que se ha iniciado”, indica.
Carrera añade en la nota que su homólogo beliceño tampoco expresó a la Asamblea General de la ONU que luego de la suspensión han existido una serie de reuniones bajo el auspicio de la OEA, en las que han acordado fortalecer el proceso de las medidas de confianza entre ambos países que permita reprogramar la consulta a corto plazo.
“El Gobierno de Guatemala lamenta las desafortunadas declaraciones del canciller de Belice, por cuanto no contribuyen al fortalecimiento de la confianza entre ambos países, y no se ajustan a los hechos acaecidos en la zona de adyacencia (frontera no delimitada) o en sus cercanías”, apunta.
Mientras las Fuerzas Armadas de Guatemala no han provocado un solo incidente en esa zona, las de Belice han violado constantemente los derechos humanos de los guatemaltecos y han causado hasta el momento varias muertes de conciudadanos, así como varios heridos, sostiene.
“Cabe resaltar que ninguna de las muertes o ataques a la integridad personal de los guatemaltecos ha sido castigada por las autoridades beliceñas y por lo tanto permanecen en absoluta impunidad”, afirma, y califica los crímenes de “inadmisibles” y de “ilegales”.
El canciller Carrera asegura que su Gobierno “no acepta el trato despectivo y discriminatorio utilizado por el canciller de Belice respecto a los campesinos, pescadores y pobladores guatemaltecos”.
“Tampoco acepta los lamentables conceptos que endilgan a Guatemala una supuesta responsabilidad en cuanto a la destrucción del medio ambiente en Belice. Las acciones que se señalan son inaceptables dada la posición que Guatemala tiene respecto a la defensa y preservación de los recursos naturales” enfatiza.
Guatemala, dice el ministro, recuerda a Belice y a la comunidad internacional que no tiene un diferendo fronterizo con ese país por no existir fronteras entre ambas naciones.
Lo que existe es un diferendo territorial, insular y marítimo que sólo después de solucionado se podrán delinear y marcar las respectivas fronteras, refiere.
Según Carrera, su colega violó el acuerdo de cautela y prudencia que debe tener los diplomáticos en declaraciones públicas que firmaron en septiembre de 2005 los dos países.
Parte de ese acuerdo señala que “los gobiernos deberán moderar las palabras y el tono en todas sus comunicaciones escritas y de los pronunciamientos públicos de sus funcionarios”.
Guatemala, dice el comunicado, reitera su convicción de cumplir el compromiso adquirido por ambos países de acudir a la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo territorial, insular y marítimo y de celebrar el referéndum en el corto plazo, pero en igualdad de condiciones.
