Vladimir Vásquez
La empresa distribuidora de energía TSK-Melfosur Internacional anunció el inicio de un período de 180 días en el que los usuarios que ilegalmente sustraigan energía eléctrica podrán acercarse a la empresa a solicitar su legalización.
La fecha límite para hacer esta solicitud es el 16 de diciembre, pero para el director del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores, Marvin Pomares, TSK no tendrá la capacidad de ordenar la situación de por lo menos unas 200 mil personas que se calcula están ilegales.
“Este comunicado lo hubieran publicado hace dos meses y medio”, dijo Pomares, quien lamenta que muchas personas, tras legalizarse, reciben un primer recibo de energía elevado que les dificulta realizar los pagos a la distribuidora. “180 días es muy poco para legalizar a 200 mil personas, colocar medidores y colocar postes de energía, es difícil”, advierte Pomares.
Ricardo Osejo, de la Organización de Defensa de los Consumidores, considera que la empresa ya debería dar muestras de mejorar los servicios en beneficio de la población nicaragüense, lo cual todavía no ha hecho.
“Esta es una oferta comercial para obtener mayores clientes, pero debería ir acompañada de un servicio que tienen que brindar con calidad, eficiencia y garantía de seguridad”, dijo Osejo.
Este plazo de legalización quedó establecido en el paquete de reformas energéticas que el Gobierno mandó a aprobar a la Asamblea Nacional el pasado mes de junio.
Ahí también quedó establecido que las personas que no legalicen su situación podrán enfrentar penas de cárcel, pero esto no será únicamente para quienes estén sustrayendo la energía eléctrica, servicio de telefonía, internet, cable o agua, si no que también para quienes realicen las conexiones ilegales.
En esta reforma, además, le perdonaron a TSK-Melfosur todas las multas que el Instituto Nicaragüense de Energía le había impuesto a Gas Natural Fenosa y que sumaban unos dos millones de dólares.
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