Félix Rivera M., Luis Eduardo Martínez y Elízabeth Romero
Justo cuando el obispo de la Diócesis de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera, mostró preocupación por los recientes hechos violentos en comunidades rurales de los municipios de Wiwilí y Santa María de Pantasma, personas aún no identificadas mataron a Trinidad Cano Torres, exoficial del Ejército y miembro de los gabinetes de la Familia en la comunidad Los Placeres del Coco, Wiwilí.
Cano Torres (56) fue asesinado a balazos por seis hombres el 13 de octubre a las 5:45 p.m., confirmó la vocera policial de Jinotega, comisionada Rosa Herrera Chavarría.
“Era un hombre que no se metía con nadie y, desde que se desmovilizó del Ejército, estaba dedicado a sus labores productivas y a servir a su comunidad, haciendo gestiones en pro del desarrollo”, declaró un campesino del lugar al referirse a Cano Torres. El campesino pidió omitir su nombre por razones de seguridad, “ya que la cosa está fea entre los municipios de Pantasma y Wiwilí”, aseguró.
El coronel José Dolores Hernández, jefe del sexto comando regional del Ejército, afirmó que “los hombres que lo mataron (a Cano Torres) pertenecen al grupo de Gerardo de Jesús Gutiérrez, alias ‘El Flaco’”.
Este grupo estaría alzado en armas contra el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega, aunque el Ejército asegura que es un grupo delincuencial.
La comisionada Herrera Chavarría dijo que Cano Torres se encontraba en su finca en la comunidad Los Placeres del Coco, 12 kilómetros al este del municipio de Wiwilí, cuando se disponía a cortar unas hojas de plátano para unos nacatamales que estaba haciendo su esposa. En ese momento Cano Torres salió con un cuchillo a cortar dichas hojas, “cuando fue sorprendido por seis elementos que vestían de camuflaje y que se encontraban ingiriendo licor en su propiedad, atacándolo a balazos, muriendo la víctima a varios metros de su finca”, dijo la vocera policial.
El 1 de octubre es asesinado en Aguas Rojas, 40 kilómetros al norte de Wiwilí, el secretario político del FSLN, identificado como José Cruz López (54).
El 9 de octubre en dos combates en horas de la mañana en la comunidad de El Corozal y, posteriormente, en El Cerro Los Anizales, en Pantasma, murieron Guillermo Orozco Valle y Yairon Díaz Pastrana, de quienes sus familiares afirman “era un civil y productor”, aunque el Ejército asegura que ambos eran del grupo delincuencial de “El Flaco”.
El 13 de octubre es asesinado a balazos Trinidad Cano Torres, en su finca en la comunidad Los Placeres del Coco, Wiwilí.
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“Como don Trinidad a la vez se dispuso a ir a buscar unas cabuyas para amarrar los nacatamales y no regresó a su casa por la noche, sus familiares creyeron que lo haría por la mañana del siguiente día, pero vecinos de dicha comunidad les llegaron a informar que lo habían encontrado muerto y que los hechores fueron vistos por campesinos del sector, cuando huyeron después de haberlo asesinado”, añadió Herrera Chavarría.
OBISPO LLAMA AL DIÁLOGO
Llamando a que “cese este ambiente de violencia”, el obispo de la Diócesis de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera, mostró preocupación por los recientes sucesos en comunidades rurales de los municipios de Wiwilí y Santa María de Pantasma, “en las que han muerto civiles inocentes en manos de rearmados y del Ejército de Nicaragua”.
A través de un comunicado, el obispo Herrera pide al Ejército respetar los derechos humanos de los civiles que “no tienen culpa de que anden personas armadas en esos lugares”.
“Busquemos la forma de dialogar con dichas personas armadas, pues la violencia engendra violencia”, refiere el texto divulgado este lunes, en el cual el obispo exhorta al Gobierno a “actuar con sabiduría para realizar un verdadero diálogo para evitar más violencia y muerte en nuestra Nicaragua tan sufrida”.
El obispo Herrera apunta, además, que “ya son varios los muertos, tanto militares como rearmados. La gente pobre del campo es la que sufre esta situación, llevándola a una inestabilidad social y un sentimiento de persecución”.
Asimismo, invita “a los rearmados” a reflexionar en que las armas no son instrumento eficaz para reclamar sus derechos y “hay que hacerlo de una manera cívica, para así evitar más el dolor de las familias y el derramamiento de sangre en nuestra zona. Espero escuchen las súplicas de muchas familias de nuestros pueblos, que ya en otra ocasión han sufrido mucho”.
“A las familias dolientes, les hago llegar mi profundo pésame y encomiendo mis oraciones por las personas que han fallecido en estos hechos tan lamentables. Pidiéndole al Señor, cese este ambiente de violencia que ilumine a las partes en conflicto. Pido muchas oraciones para que nuestro país no vuelva a sufrir como en el pasado”, finaliza el documento suscrito por el obispo Herrera.
OBISPO BÁEZ RESPALDA
En su cuenta de twitter @silviojbaez, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, se pronunció en respaldo al comunicado emitido ayer por el obispo de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera.
“Me solidarizo con mi hermano Mons. Carlos E. Herrera, Obispo de Jinotega, en cuanto a la violencia al norte del país”, escribió monseñor Báez. Ya el 11 de octubre, el obispo auxiliar de Managua había expresado: “Si se permite la violencia cobarde contra gente pacífica en la ciudad, ¿por qué extrañarse de que pueda haber grupos armados en la montaña?”.
EJÉRCITO Y POLICÍA CALLAN
Por otra parte, mientras el Ejército de Nicaragua en Managua continúa sin referirse a las críticas efectuadas a la actuación militar la semana pasada, en el sector de Pantasma, Jinotega, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, demandó una investigación exhaustiva por parte de esa institución militar sobre el comportamiento de sus soldados.
El vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Orlando Palacios, sigue con el mismo procedimiento de no atender ninguna llamada telefónica, como se ha mantenido desde que fueron criticados por el violento desalojo en la finca de El Morro, en San Miguelito, desde los primeros días de octubre. Igual procedimiento ha utilizado el vocero de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge.
CPDH EXIGE INVESTIGACIÓN
Carmona expresó que el Ejército debería formar una comisión junto a otros sectores de la sociedad que lleve a determinar lo ocurrido la semana pasada en Pantasma, durante la operación que ejecutaron los militares y que dejó dos muertos, uno de ellos, según los lugareños, un campesino que no estaba vinculado con el grupo de armados al que se enfrentaron a los militares.
Además, aconsejó también al cuerpo castrense que “debería investigar muchos otros abusos que se cometen en la zona norte y que mucha gente, por temor, no lo está denunciando”.
“No hay una investigación real del Ejército para determinar quién es el delincuente, quiénes son los grupos armados y quién es la ciudadanía que está protestando. La manera más fácil del Ejército es decir que todos son delincuentes”, criticó Carmona.
El funcionario de la CPDH manifestó que en el norte del país “hay represión y persecución” con todas las personas que están inconformes con las políticas del Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
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