Caracas/EFE
El Gobierno venezolano tiene previsto aprobar antes de fin de año un proyecto para poner impuestos a las tierras ociosas, subutilizadas o en uso “no conforme”, con el fin de aumentar la productividad del sector agropecuario, informó el presidente del Instituto de Tierras (INTI), William Gudiño.
En una entrevista con el diario económico El Mundo, Economía y Negocios, Gudiño señaló que el objetivo es que al tener que pagar un impuesto progresivo que se incrementará de año en año quienes posean una tierra en esas condiciones vean que no les conviene mantenerla y la entreguen al Estado.
“Ese es el objetivo central: una manera diferente de recuperar tierras por la vía de coerción”, dijo.
El responsable del INTI explicó que “tendrá que pagarlo todo el que tenga la tierra ociosa, subutilizada o en uso no conforme”, al asegurar que en el país hay “muchos valles” que se dedican a la agricultura pero no para el uso “más idóneo”.
En ese sentido puso como ejemplo tierras que son de gran calidad para la agricultura pero se dedican a la ganadería en el sur del Lago, donde ha habido procesos de expropiación en los últimos años.
“El impuesto a la tierra ociosa intentaría ir promoviendo el uso adecuado de las tierras cuando estén en la categoría de uso no conforme”, explicó.
Gudiño señaló que ya existe una comisión que trabaja en un documento para que antes de que acabe 2013 lo apruebe tanto el Ministerio de Agricultura como el presidente Nicolás Maduro. Comentó que el Gobierno ha “recuperado”, a través de varios mecanismos que se articulan mediante nacionalizaciones, diez millones de hectáreas en el país y dijo que un 80 % de ellas están productivas, aunque no en un nivel “óptimo”.
Por otra parte, aseguró que se ha puesto énfasis en que el INTI hará lo que tenga que hacer “para que no sean ocupadas de manera irregular las tierras productivas”.
La falta de producción interna, especialmente en el sector primario, es una de las causas que según el Gobierno genera alta inflación ya que supone una alteración de la oferta. Desde la oposición se acusa al Ejecutivo de haber desarrollado políticas que han destrozado el tejido productivo, con nacionalizaciones y la persecución de los empresarios.
La información oficial dice que Venezuela importa el 50 % de los alimentos que consume, pero sectores de la oposición consideran que la cifra real es más elevada.
