Eduardo Cruz
En las montañas de Jinotega, entre Santa María de Pantasma y Wiwilí, los campesinos están con miedo y la piensan dos veces para ir a sembrar al campo.
Quienes son sandinistas, o están relacionados con los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), le tienen temor a los grupos armados que han aparecido en el norte desde el año 2009 y que desde julio de este año 2013 han sostenido varios combates con el Ejército, aunque solo unas cuantas de esas batallas se han conocido a través de los medios de comunicación.
En el último mes han matado a dos miembros de los CPC. En la comunidad Aguas Rojas, en Wiwilí, José López, conocido como Nahum, fue asesinado de varios disparos supuestamente a manos de los armados, a quienes el Ejército y la Policía califican como bandas de delincuentes, mientras ellos se autodenominan como alzados en contra del gobierno de Daniel Ortega. Y en la comunidad Zompopera, en Pantasma, fue asesinado otro miembro de los CPC, Trinidad Cano Torres, también supuestamente a mano de los armados.
“Si el problema es con el Gobierno, no entiendo por qué están matando a la gente”, dice Marcelino Mairena, un CPC de Zompopera que habita frente a donde vivía Cano Torres. “Uno se siente presionado y a veces nos toca dormir en el monte. Hay miedo, no podemos ir a trabajar largo”, explica Mairena.
Los campesinos que no simpatizan con el partido de gobierno también tienen miedo, pero no a los armados, sino a los soldados del Ejército, especialmente después de que en Pantasma, en la comunidad Anizales, mataron a un civil, Yairon Elías Díaz Pastrán, de 28 años, a quien los militares identificaron como un armado. Los familiares de Díaz y las personas del lugar afirman que el Ejército torturó a Yairon Díaz.
“El ejército anda cercando los puntos donde están los armados. Ya no vamos al campo porque nos da miedo una mina. Yo viví la guerra de los ochenta. El tiroteo (en el que murieron Yairon y un armado de nombre Santos Ernesto Irías Calderón, 31 años) fue en mi propiedad, aquí no se va a poder cortar el café”, expresa Julio Meza, un agricultor y líder comunitario de Anizales.
LOS MOTIVOS DE LOS ARMADOS
“El Flaco”, así se le conoce a Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, de 55 años, uno de los cabecillas de los grupos armados y que el Ejército y la Policía insisten en llamar bandas delincuenciales.
En los años ochenta “El Flaco” fue contra y se desmovilizó en 1990, bajo el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Su hermano, Fidel Gutiérrez, relata que su familiar es un hombre de trabajo y no un delincuente como lo “pintan” las autoridades.
“Es cierto que él tenía una deuda (con una microfinanciera), pero ya la señora de él fue a pagar, ya no debe”, asegura Fidel, quien añade que él no puede dominar a su hermano para hacer que no siga “enmontañado”.
Aunque “El Flaco” es de Pantasma, en los últimos años se había asentado en Wiwilí, en la comunidad Tamalaque, precisamente donde el 18 de julio de este año se produjo el primer enfrentamiento entre armados y el Ejército y en el cual murió un soldado y otro resultó herido.
En las últimas elecciones municipales del 2012, en las que al PLI le robaron la Alcaldía de Wiwilí, a “El Flaco” lo vieron llorar como un niño. “Él lloraba de cólera, de ver cómo los votos de su partido no valían nada”, dice Mayela López, una activista del PLI.
“Yajob” murió en febrero del 2011, en una situación confusa. El Ejército negó haber participado en su asesinato. De acuerdo con las versiones de ese momento, un grupo de militares vestidos de civil entró por el único camino que había hacia la propiedad donde se encontraba “Yajob”, en El Cuá, Jinotega, traspasó tres anillos de seguridad y acabó con la vida de “Yajob”, quien habría recibido un balazo en una de las piernas y murió desangrado.
“Pablo Negro” fue ejecutado en enero del 2012, por personas que lo hicieron llegar hasta la frontera con Honduras y quienes lo ejecutaron de dos balazos.
Versiones extraoficiales indicaron que a “Pablo Negro” le tendieron una trampa para hacerle llegar al sitio donde supuestamente lo citaron bajo la promesa de entregarle 70 mil dólares e iniciar una negociación a cambio de la entrega de las armas.
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“Yo lo hacía trabajando en unas tierras que yo tengo en Ayapal”, dice Luis, quien junto a su familia se sorprendió cuando en las noticias el Ejército anunciaba que Santos Irías Calderón había muerto en un combate con delincuentes.
Después de varias averiguaciones, Luis y su familia quedaron convencidos de que Santos sí estaba con los armados, pero no por delincuente, sino porque en vida había manifestado que ya estaba cansado de que el FSLN le robara las elecciones a su partido Resistencia Nicaragüense, aliado con el PLI.
“Él sí era armado, él se sentía dolido por las votaciones, los votos de su partido no eran tomados en cuenta”, dijo Luis Irías, quien recalcó que su hermano era un hombre trabajador y no delincuente.
Santos Irías murió en la comunidad Anizales de Pantasma, en un enfrentamiento con el Ejército, el 8 de octubre de este año 2013.
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Las autoridades policiales le atribuyen al menos cuatro asesinatos a “El Flaco”, pero su hermano Fidel lo niega rotundamente. “Desde que salió de la Contra, mi hermano ya no quería andar en armas. Pero (los CPC) lo comenzaron a acosar y lo último fue que se dio cuenta que le habían puesto precio a su cabeza. 30 mil córdobas le iban a pagar a un hombre para que lo matara. Él decía que lo iban a hacer agarrar el monte. Le dijo adiós a su madre y se fue a Honduras, decepcionado”, relata Fidel.
Cuando “El Flaco” se internó en la montaña, dejando a su esposa y sus siete hijos pequeños, ya habían más de 400 hombres armados, explica Fidel Gutiérrez, quien alega que su hermano no es el instigador de los armados, a como lo acusan los CPC y las autoridades militares.
Algo similar le pasó a otro armado, Ramón Guevara, originario de Wiwilí, quien tenía su finca, pero la tuvo que abandonar y unirse a los armados porque ya no soportaba el acoso de los sandinistas.
Y la familia de Yairon Díaz, el civil supuestamente torturado por el Ejército, señala que otro miembro de la familia, Aristeo Díaz, se tuvo que “enmontañar” porque tampoco aguantó el asedio de los sandinistas. “Andan diciendo que van a terminar con la familia del muerto”, explica Elías Díaz, de 65 años, el patriarca del hogar.
MALESTAR CAMPESINO
En las comunidades de Pantasma y Wiwilí los campesinos que tienen familiares o amigos armados dan las mismas razones por las cuales sus parientes se han ido a la montaña, para “alzarse contra el gobierno de Daniel Ortega”. “Todo comienza por las tapas de los CPSapos (CPC)”, dice Elías Díaz.
Edgard Montenegro, “Cabezón”, un productor de Aguas Rojas, Wiwilí, añade que el malestar de los campesinos se debe principalmente a los fraudes electorales que el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el FSLN vienen cometiendo desde el año 2008 y a que el presidente Ortega no escucha el clamor de la gente del campo.
“Todo indica que a Ortega no se le va a sacar del poder si no es con las armas”, dice Montenegro, quien asegura estar asediado y que no puede salir a cosechar por temor a ser víctima del Ejército y de los sandinistas.
Los precios bajos de los granos básicos, que se cosechan en esa zona de Jinotega, es otra de las causas de que existan armados, afirman varios campesinos. Pedro Agustín Pineda, un promotor de Derechos Humanos de la comunidad Bocas de Vilán, explica que el campesinado no está recibiendo el apoyo del Gobierno para cultivar, ya que los granos básicos que se producen en esa zona tienen un precio muy bajo en comparación con el de los insumos que ellos deben comprar para hacer producir a la tierra, como abonos, herramientas de trabajo, insecticidas, fertilizantes.
Pineda pone de ejemplo a los frijoles, de los cuales el precio del quintal es de 300 córdobas al comprárselo a los campesinos. Pero el Gobierno supuestamente lo vende a 3,000 córdobas a Venezuela, según la información que maneja Pineda.
Amelia Borge y Mayela López, concejales PLI de Wiwilí, indicaron que el cultivo que está tomando auge en las montañas de Jinotega es la chía, porque se vende a buen precio, pero hay información de que el presidente Ortega ya ordenó que la chía solo se venda al Gobierno a un precio muy bajo.
Hasta la Ley 779 sale “bailando” entre las causas por las cuales hay armados. De acuerdo con Pineda, por la 779, Ley de Violencia Integral contra la Violencia hacia la Mujer, muchos campesinos están cayendo presos y por eso prefieren irse a la montaña. “Aquí los campesinos creen que esa ley fue impulsada por la esposa del presidente”, expresó Pineda.
El sufrimiento de los civiles
La muerte del civil Yairon Díaz es uno de los hechos que más tiene con miedo y a la vez indignados a los campesinos. Élder Díaz, hermano del fallecido, asegura que a su pariente el Ejército lo agarró vivo, con un balazo en la pierna, pero después entregaron el cuerpo con señas de que los huesos se los quebraron, tenía un ojo de fuera y daños en la lengua. “Se nos olvidó revisar si le habían cortado el pene”, expresa Santos Díaz, otro hermano del difunto.
Santos Díaz también señala que los campesinos ya no pueden contratar a otras personas para que les ayuden a cosechar, porque si el Ejército los ve que llevan comida para más de dos o tres personas, los acusan de estar alimentando a los armados.
“El Ejército viene a la casa, se mete en la cocina y revisa cuánta comida se está haciendo”, dice una campesina, mientras palmea tortillas en la comunidad El Tamalaque.
La situación también ha afectado a las clases, ya que las madres no mandan a los niños a las escuelas por temor a los combates. “Aquí tienen ocho días los niños sin clases, la maestra viene a la escuela, pero los padres no mandan a los niños”, dice Julio Meza, de la comunidad Anizales.
En el casco urbano casi no se ve preocupación entre la gente por lo que está ocurriendo con los armados, ya que los combates se producen en las montañas y comunidades alejadas. El pastor evangélico Pedro Pablo Osegueda, de la iglesia Elim de Pantasma, señala que en sus prédicas le aconseja a sus feligreses que se alejen de la violencia y que se rijan por lo que dice la Biblia.
A quienes sí les preocupa la situación es a los comerciantes, ya que con los “tambores de guerra” que se escuchan en los medios de comunicación no llegan los proyectos de las ONG a las comunidades y por tanto no hay personas de afuera que lleguen a Pantasma y Wiwilí, lo cual afecta el comercio.
La dueña de un importante comedor de Pantasma indicó que desde que se oye en los medios de comunicación sobre los combates se le han bajado las ventas porque varios proyectos se retiraron de la zona.
La solución es el diálogo
Los armados llamaron a una radio liberal que se llama Dinámica, en donde anunciaron que harán una barrida con todos los CPC. Esa es una de las razones que llevan a pensar al activista pro Derechos Humanos, Pedro Pineda, que los armados probablemente sí son grupos políticos alzados en contra del gobierno de Ortega y no delincuentes a como les llaman las autoridades, ya que las muertes que se han producido en las zonas son de personas que son activistas del FSLN, y no se escucha de robos, asaltos ni abigeatos.
Por su parte el Ejército ha lanzado una ofensiva en contra de los armados. Algunos campesinos aseguran que los militares utilizan hasta ambulancias para camuflarse, entrar vestidos de civiles a las zonas montañosas y luego rastrear a los armados.
Sin embargo, la mayoría de los campesinos dicen que ya no quieren guerra porque todavía tienen frescas en sus memorias las escenas sangrientas de la guerra de los años ochenta. “Lo mejor es que el Gobierno dialogue con los armados. Yo ya no me preocupo por mí, yo me preocupo por mis hijos, porque yo viví la época de los ochenta, eso era horrible”, explica Pedro Pineda.
Julio Meza, el líder comunitario de Anizales, también aboga porque haya un diálogo entre el Gobierno y los armados. “Que el Gobierno llame a diálogo. Yo sé lo que es la guerra. Vivíamos debajo de los combates, huyendo de las balas”, recuerda Meza.
Aunque el Gobierno niega la presencia de armados en el norte del país, la población de esa zona, principalmente en Pantasma y Wiwilí, están sufriendo los estragos de los combates que los insurgentes tienen con el Ejército. Hasta los miembros de los CPC tienen que dormir en el monte por temor a que los armados los encuentren en sus casas.
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