Por su naturaleza y definición, la deuda pública es un instrumento de política económica que permite al Gobierno conseguir recursos financieros para resolver déficits e impulsar proyectos de desarrollo nacional. La Ley de Deuda Pública de Nicaragua (Ley 477), promulgada en diciembre de 2003, define la deuda pública y los fines por los cuales se contrae, establece que todas las instituciones del sector público que realicen operaciones de crédito interno y externo deben someterse a ella, y señala además que el endeudamiento público debe ser parte del Presupuesto Nacional y aprobado por la Asamblea Nacional.
Pero como es de amplio conocimiento, en Nicaragua la deuda pública se utiliza para obligar a los ciudadanos a pagar por la corrupción y el enriquecimiento masivo, al amparo del poder, de los políticos gobernantes, sus familiares y sus amigos. En la actualidad y desde hace muchos años, por ese medio el pueblo viene pagando la piñata sandinista, o sea el gigantesco saqueo de bienes públicos y privados perpetrado por el régimen sandinista antes y después de entregar el gobierno en 1990. Por esa vía se está pagando también la deuda multimillonaria por los bancos que fueron quebrados dolosamente durante el gobierno de Arnoldo Alemán. Y de igual manera han pagado los contribuyentes toda la deuda pública interna e internacional contraída irresponsablemente por distintos gobiernos que se han sucedido en el poder.
En el lenguaje formal se dice que la deuda pública la paga el Estado, pero este es un ente burocrático que no produce riqueza, solo la consume. Quienes pagan la deuda pública son los ciudadanos, con los impuestos que son ineludibles y siempre están aumentando. De tal manera que la deuda por la cooperación petrolera de Venezuela también la tendrá que pagar la población nicaragüense, a pesar de que quienes se benefician con ella son la familia gobernante y sus socios que la manejan como un negocio privado muy lucrativo, mientras que la población paga los combustibles y la energía más caros de Centroamérica.
La semana pasada, LA PRENSA de Nicaragua y El Nuevo Herald de Miami, basados en un informe de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) informaron que hasta el 23 de octubre del año pasado, Nicaragua adeudaba un total de 2,715.8 millones de dólares por falta de pago de los suministros de petróleo en condiciones concesionales. Cabe advertir que el documento oficial venezolano dice que es Nicaragua la que carga con esa deuda, no la familia Ortega que maneja la cooperación petrolera como su negocio particular.
Pero sea pública o privada esa deuda con Venezuela no tiene razón de ser. Las condiciones de venta del petróleo venezolano son bastante generosas, el crudo y los combustibles se negocian en Nicaragua de manera muy lucrativa y sus réditos son más que suficientes para mantenerse al día con los pagos.
Además, aunque la Ley 477 dice en su artículo 88 que no se pagará una deuda supuestamente pública, que sea adquirida sin observar los requisitos legales, al final la deuda petrolera con Venezuela no será pagada por Daniel Ortega y sus familiares y socios. La tendrán que pagar los sumisos contribuyentes nicaragüenses, del mismo modo que están pagando la deuda pública por la piñata sandinista y por los bancos quebrados durante el gobierno alemanista.
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