“El punto es grave porque procura el cierre de las libertades de la población”, dice Carrión.
Ambos coinciden que esto es violatorio a los derechos humanos de los nicaragüenses, porque afecta la libertad de expresión y la capacidad de convocatoria a protestas sociales.
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Vladimir Vásquez
El sector empresarial que se encarga de las telecomunicaciones del país mostró su preocupación por las intenciones del Gobierno de controlar la televisión, la radiodifusión, internet y redes sociales del país.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que “hay una preocupación” sobre ese artículo y que se encuentran trabajando a nivel interno con las diferentes empresas de telecomunicación.
“Ya estamos trabajando a nivel interno con las empresas de telecomunicación que están relacionadas con Cosep, los bancos que salen afectados con esa disposición, con las empresas de call center, las empresas de internet y todos los sectores están preparando su posición legal alrededor de este tema”, dijo Aguerri.
De igual manera informó que están haciendo una revisión de los compromisos adquiridos por Nicaragua en materia de telecomunicaciones para que estos sean respetados.
“Lo que sí es una posición ya de entrada del Cosep es que es un tema que no compartimos así como está puesto”, dijo Aguerri, quien recordó que hay una serie de leyes nacionales que protegen la información.
El empresario Fabio Gadea Mantilla también mostró su preocupación por las reformas y dijo que en el caso de la radiodifusión ya el Gobierno había dado un duro golpe con la Ley de Antenas.
“Nos están metiendo en el mismo saco con los celulares y con los televisores que nada tenemos que ver con eso, somos radiodifusores que ejercemos un servicio social para la población”, dijo Gadea.
Él considera que estas medidas son “los últimos pasos” que da el gobierno del inconstitucional Daniel Ortega, para instaurar una dictadura en el país.
El director país de Telefónica Movistar, Juan Manuel Argüello, dijo que por el momento la empresa se encuentra analizando la propuesta del Gobierno y “hasta que tengamos más completo qué es lo que se dijo y el impacto que pudiera causarnos y vamos a decir qué es lo que opinamos”.
LA PRENSA intentó contactar a las empresas proveedoras de internet pero no respondieron. (Con colaboración de: Roy Moncada, Rezaye Álvarez y Elízabeth Romero).
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