Con argumentos no convincentes la Policía Nacional retuvo a un equipo periodístico de LA PRENSA en el sector de Las Colinas ayer y posteriormente lo trasladó al Distrito Cinco para realizarle un interrogatorio, solo porque este realizaba un trabajo investigativo de propiedades incautadas a personas acusadas de narcotráfico en el país.
El equipo —conformado por la periodista Martha Vásquez, el reportero gráfico Uriel Molina y el conductor Víctor Martínez— permaneció cerca de dos horas dentro de la estación.
Tanto Vásquez y Molina fueron despojados de sus celulares inmediatamente después que los uniformados vieron que le realizaban fotografías a una casa expropiada y en la estación fueron revisados minuciosamente.
Al preguntarle al comisionado mayor Fernando Borge, vocero de la Policía Nacional, sobre la arremetida contra el diario, este trató de justificar diciendo que todo correspondió a que “fue detectado un vehículo sospechoso” en Las Colinas y por eso se trasladaron “a como corresponde”.
Los celulares fueron llevados de la vista del equipo de LA PRENSA con intenciones de copiar números telefónicos, correos y demás información en los móviles.
En un primer momento los agentes intentaron trasladarlos en una patrulla de la institución, pero fue rechazada por el equipo.
Una vez que fueron llevados a la estación Cinco, custodiados por una patrulla, los mantuvieron en el estacionamiento del Distrito. No fue hasta que vieron a otro equipo de LA PRENSA indagando en el lugar que los llevaron a una oficina, donde empezaron a interrogarlos.
El comisionado mayor Fernando Borge, vocero de la Policía Nacional, dijo ante los medios de comunicación que era parte de la indagación policial.
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Sin embargo, Vásquez y Molina, antes de ser llevados a la delegación policial habían presentado las identificaciones que los acreditan como periodistas de LA PRENSA, demostrando que no realizaban nada ilegal.
La intervención policial llegó al punto que una oficial le arrebató con violencia el celular a Vásquez, cuando trataba de comunicarle a los editores el atropello policial, lastimándole el pómulo derecho.
Vásquez, ya puesta en libertad, relató que un policía con un fusil Aka en mano le exigió al fotógrafo que se identificara y aunque lo hizo le quitó la cámara y después el celular de cada uno. Luego las llaves del vehículo en que se movilizaban.
“Ya los vamos a trasladar me dice (el policía), te vas a subir a esa patrulla. No, un momento le digo, yo no soy ninguna delincuente vos no tenés por qué llevarme en una patrulla en todo caso vos me vas a trasladar a la estación en el vehículo que ando”, recapituló Vásquez.
INTIMIDACIÓN CLARA
Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el actuar de la Policía “es un mensaje claro a que no se anden metiendo en estas cosas, el mensaje mete miedo”.
“No tiene sentido lógico ni jurídico el arresto porque se trata de un bien ocupado (la casa fotografiada), un bien que desde el punto de vista de estado de rectitud debería estar transparentado y la investigación periodística de LA PRENSA relacionada con bienes ocupados está asociado a que este tema lo manejan con oscuridad”, declaró Carrión ayer, a la hora que Borge sacaba al equipo de LA PRENSA del Distrito Cinco.
Por su parte, Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que el acto fue una violación a los periodistas y los ciudadanos que se informan.
“No había indicaciones de que existía un perímetro de seguridad (en la propiedad), comúnmente cabe colocar una cinta amarilla que señala que hay un perímetro de seguridad y ella (Martha) estaba desde la calle cuando fue abordada por los oficiales donde se identificó plenamente, por lo tanto no veo por qué debió llevarse detenida”, mencionó Cuevas.
Borge dijo que en ningún momento nadie de LA PRENSA estuvo detenido y que fueron llevados solo para constatar que eran periodistas.
“No ha habido ningún interrogatorio, ha habido una entrevista para, por supuesto, documentar una situación y ya la situación está aclarada”, informó Borge, quien no supo contestar por qué se le interrogó a Vásquez de forma inquisitoria sobre el número de un familiar de una persona condenada por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de drogas.
Mientras el equipo de LA PRENSA estuvo detenido en la Policía, en recepción no se explicaba por qué fueron llevados, fue hasta que el vocero de la institución apareció que se conoció de la “constatación” que realizaban para saber si eran periodistas y no otras personas.
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