Esta vez el gobierno Ortega-Murillo se cuidó de que no le fueran a criticar que sus 63 diputados solo llegaban a apretar el botón verde a las iniciativas de ley que propone el Ejecutivo y, para asegurarse que no hubiera ningún “aleteo” inesperado, como el de la diputada Xochilt Ocampo —que no apretó el botón verde para aprobar la concesión canalera a Wang Jing— por primera vez los “indujo”, por usar el término mas suave, a apretar el botón verde, antes del voto, al firmar todos la iniciativa de destrozo constitucional.
La iniciativa tiene como objetivo legitimar, a posteriori, una serie de flagrantes violaciones a la Constitución que se han venido dando a lo largo del periodo de Ortega con el fin de perpetuarse en el poder y desmontar la institucionalidad democrática del país, la cual fue fortalecida en las reformas constitucionales de 1995, que entre otras cosas prohíbe la reelección sucesiva o por más de dos periodos presidenciales.
Para cada violación a la Constitución, comenzando por la no reelección, se propone una reforma, para irla acomodando al modelo dictatorial de gobierno que se ha venido imponiendo poco a poco en el país, o tal como dice la misma Exposición de Motivos de otra manera “estas reformas vienen a institucionalizar el modelo de gobierno que se está aplicando en el país”.
Es importante señalar que el FSLN, cuando estaba en la oposición en 1995, apoyó las reformas constitucionales que le restaban poderes al Ejecutivo en los gobiernos democráticos y ahora, desde el poder, ya no le gusta la Constitución que con sus votos ayudó a apuntalar y por eso lanza esta iniciativa de contrarreforma con el propósito de llevar a cabo la obsesión histórica de todos los dictadores, que es perpetuarse en el poder.
Analizando la iniciativa de contrarreforma, que le llamo inconstitucional, porque es para cambiar la esencia misma de la Constitución y convertirla en un instrumento para concentrar el poder y no para que exista alternabilidad democrática, tenemos que ahora permite la reelección indefinida y con solo una mayoría relativa de los votos, que los militares en servicio activo ocupen cargos en el Gobierno y así las cosas hasta podríamos tener un general-presidente.
Como lo magistrados de los poderes del Estado ocupan cargos de facto, porque la Constitución mandata que su periodo es de cinco años y deben ser electos por la Asamblea Nacional, para enmendar o legalizar esta situación anómala, ahora se pretende que, según la iniciativa reforma, puedan seguir ejerciendo sus cargos indefinidamente hasta que la Asamblea Nacional elija a sus sustitutos.
Se pretende ahora “constitucionalizar” el diálogo entre los empresarios y el gobierno, que en sí es algo positivo, pero no amerita que deba estar en la Constitución cuando todo gobierno democrático debe tener canales de comunicación abierta con todos los sectores, inclusive con los sectores que se le oponen porque esta es la esencia de la democracia.
Como el Gobierno ha recibido tanta crítica por la cantidad de violaciones constitucionales que tiene la ignominiosa ley que concesiona nuestra soberanía y el gran Canal al señor Wang Jing, también en la nueva propuesta de reformas constitucionales le da al gobierno carta blanca en lo que respecta a dicha concesión.
A lo largo de estos dos años y medio de su inconstitucional periodo presidencial, hemos sido testigos de cómo Ortega ha venido dictando decretos y leyes, algunas fundamentales como la del gran Canal, a través de su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que se las aprueba sin mayor trámite ni consultas, ahora se quiere eliminar este formalismo democrático para darle la facultad de dictar decretos ejecutivos “con fuerza de ley” en materia administrativa.
Ante esta nueva arremetida contra la Constitución, la Bancada Democrática Nicaragüense ha decidido integrar la Comisión Especial para hacer sus propios planteamientos de las reformas constitucionales que verdaderamente necesita el país y denunciar este “traje de reformas” hecho a la medida del gobierno Ortega-Murillo, por su propio sastre.
El autor es diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense.
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