En las propuestas de reformas constitucionales, Ortega castiga como transfuguismo político la disensión crítica respecto a la cúpula partidaria.
El neoliberalismo, si no ha logrado reducir la carga económica de la burocracia política en los presupuestos nacionales, sí ha desvirtuado, a lo largo y ancho del mundo, la naturaleza y la función de los partidos políticos.
La percepción pública, a nivel internacional, es que los partidos políticos fueron el eje fundamental de las prácticas corruptas, especulativas, que por medio de una burbuja de sobreproducción y de consumo irracional, propiciaron que los bancos, con el uso indebido del ahorro de los clientes, alimentasen la crisis financiera global (que ha culminado con una mezcla de desempleo e inflación).
Los partidos políticos, cada vez más carentes de definición ideológica, gozan del descrédito ciudadano, y el descontento de la población, que debe cargar con el peso de las medidas de austeridad, apunta contra el despilfarro de la casta política que, al reducir la seguridad social, al bajar los salarios y con el desempleo, buscan compensar el desequilibrio tanto del déficit de cuenta corriente como del déficit fiscal.
A tal descrédito político contribuye, además, en el caso de Europa, la sumisión de las políticas nacionales a los dictados de la troika financiera (el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea), que conlleva la cesión de buena parte de la soberanía nacional (lo que limita, ulteriormente, la posibilidad de un desempeño efectivo de los partidos políticos nacionales).
En este contexto, una manifestación de la desnaturalización de los partidos políticos es el transfuguismo. Militantes formados en el oportunismo prebendario (y no en principios ideológicos), buscan a toda costa, por su cuenta, abrirse espacios de sobrevivencia política individual.
La respuesta burocrática de las cúpulas partidarias, en las sociedades con limitada tradición democrática, es la de atacar el transfuguismo político como si los puestos de elección popular le pertenecieran al partido. Lo que es un verdadero contrasentido desde la óptica del Estado de derecho.
En un contexto absolutista, bajo una dirección que adelanta un proyecto reaccionario, opuesto a los intereses de la nación, el transfuguismo, o bien la disensión, o la formación de fracciones, tiene un carácter progresivo que, en democracias formales, se encausa hacia la convocatoria de congresos partidarios (para gestar un cambio de línea política, o de dirección).
En el caso de Nicaragua, las medidas represivas contra el transfuguismo, más bien sirven al orteguismo para construir un modelo exacerbado de centralismo vertical absolutista. Razón por la cual, las ha incluido en el proyecto de reformas constitucionales.
El fenómeno que cabría señalar aquí, es que subyace un rencor violento en las filas sandinistas contra un modelo que privilegia, en el aparato burocrático orteguista, el rol decisivo de las nuevas fuerzas murillistas. El transfuguismo, incluido en las reformas constitucionales, pretende contener la rebelión latente de los militantes históricos dentro de las filas orteguistas.
Los militantes, deformados por el arribismo personal, reciben una señal burocrática clara que su oportunidad individual radica en el sometimiento forzoso a la cúpula organizativa. Para ello, se vincula los privilegios de los cargos parlamentarios a la obediencia ciega.
Se ha hecho público que a cada funcionario orteguista, a cada aspirante a un cargo de elección popular se le hace firmar un documento en el cual acepta, de previo, que se le destituya del puesto si disiente. Es más, basta, para ello, que se abstenga de apoyar ciegamente las directrices que emanan del vértice partidario.
Esta práctica humillante, servil, irracional, de sometimiento degradante al caudillismo, se complementa absurdamente, ahora, por medio de las reformas impuestas por Ortega, como principio constitucional contra el transfuguismo:
“Los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos, que se cambien de opción electoral en ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderán su condición de electo debiendo asumir el escaño su suplente”.
Cuando lo que cabe adelantar, en sentido democrático, no es el sometimiento acrítico de tales funcionarios electos en cascada a su respectiva cúpula partidaria, sino, el control efectivo de los ciudadanos sobre cualquier funcionario: primero, con elecciones uninominales por suscripción popular; y luego, con referendos revocatorios periódicos. El autor es Ingeniero eléctrico
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