Bruselas/EFE
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) promulgará el próximo 22 de noviembre las nuevas medidas cautelares solicitadas por Costa Rica contra Nicaragua por la supuesta apertura de dos canales en un territorio en disputa, informó este martes el tribunal.
La decisión se notificada a las partes en la sede de la CIJ en La Haya a las 14:00 GMT del viernes por parte del presidente de la corte, Peter Tomka.
San José pidió el pasado 24 de septiembre a la CIJ que ordene suspender a Managua todo trabajo de dragado o cualquier otro tipo y, específicamente, que cese cualquier tipo de labores en los dos canales artificiales en territorio en disputa.
Costa Rica pidió, además, que Nicaragua retire “inmediatamente” todo el personal, infraestructura y equipo que haya introducido en el territorio en disputa y que permita a San José enviar funcionarios medioambientales para evaluar el supuesto daño causado y emprender acciones de reparación.
El Gobierno costarricense denunció con vídeos y fotografías aéreas y de satélite que Nicaragua había abierto al menos dos nuevos caños para unir el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe, a través de Isla Portillos o Isla Calero, cuya soberanía ambos países reclaman.
Además, denunció que en el sitio se encuentra lo que parecer ser un campamento militar nicaragüense.
El Gobierno de Nicaragua, que siempre ha sostenido que ese territorio le pertenece, ha negado que haya abierto los dos nuevos caños que denuncia Costa Rica y ha dicho que es posible que sean producto de las fuertes lluvias caídas en la zona.
En las audiencias celebradas en octubre, Costa Rica expresó su temor de que uno de los canales construidos por Nicaragua en el territorio de Isla Portillos pueda cambiar de manera irreversible el curso del Río San Juan, que sirve de frontera entre ambos países.
San José argumenta, además, que las construcciones fluviales de Nicaragua pueden causar daños medioambientales, como aumentar el riesgo de las inundaciones, más erosión y la destrucción de vegetación en la zona en disputa.
Nicaragua, que tiene la soberanía sobre el río San Juan, mantiene que las medidas provisionales son innecesarias porque las impuestas en marzo de 2011 ya cubren las solicitudes costarricenses.
Managua asegura, además, que ordenó inmediatamente la paralización de los trabajos en Isla Portillos tras los avisos de Costa Rica.
Sobre la situación actual de los nuevos canales denunciados, Nicaragua considera que, al igual que el resto de los caños en el río, son rellenados por la deforestación causada por Costa Rica, por lo que hace falta realizar labores de drenaje.
Isla Portillos, conocida también como Isla Calero, es una zona de litigio bilateral cuya soberanía será definida por la CIJ como parte de una demanda interpuesta por Costa Rica en 2010.
Es la segunda vez que Costa Rica solicita medidas provisionales previas a la tramitación de esa demanda.
Los jueces prohibieron en 2011 a Nicaragua y Costa Rica el envío o estacionamiento de tropas en la zona en disputa.
“Nicaragua ha hecho oídos sordos a las medidas dictadas por la CIJ al enviar personal (militar) a la zona”, denunció en octubre el miembro de la delegación costarricense y especialista en derecho internacional Marcelo Cohen.
La CIJ tramita la demanda de Costa Rica presentada en 2010 junto con otra interpuesta un año después por Nicaragua contra San José por supuestos daños ambientales en el río San Juan causados durante la construcción de una carretera.
