Elízabeth Romero
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) advirtió que una reforma a la Constitución Política de la República, tal como ha sido planteada por la propuesta del presidente inconstitucional Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, “podría causar una grave e innecesaria incertidumbre” en el país.
El Cenidh reclama que incluya instrumentos como la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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A través de un pronunciamiento emitido ayer, Amcham refiere que esta situación podría “contribuir a crear una percepción de un posible aumento en los riesgos político económicos en el futuro cercano, lo que podría influir negativamente en el desarrollo de nuestra Nicaragua”.
“Consideramos que no conviene al país cambios de la dimensión que se piensan hacer a la Carta Magna, especialmente con la premura con que se han promovido”, señala Amcham, tras exponer que uno de los objetivos principales que los identifica es el fomento del comercio y la inversión. Pero para alcanzar esto —dice Amcham— es fundamental un adecuado clima de negocios, estabilidad monetaria, leyes tributarias balanceadas, una fuerza laboral capacitada y la infraestructura básica. Además, de una estabilidad política “que se consigue cuando las leyes permanecen inalterables por tiempos razonables”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), por su parte, envió al parlamento nicaragüense sus consideraciones sobre la reforma constitucional que concluye afecta al Estado democrático de derecho en Nicaragua.
Explica el Cenidh que no solo existe el riesgo de una militarización, sino que con el aumento de la cuota de poder a la figura del presidente le atribuyen funciones legislativas y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le quita su facultad de Tribunal Constitucional garante del Estado de Derecho.
El Cenidh condena entre otras cosas la eliminación del recurso por inconstitucionalidad que considera es para invisibilizar “las arbitrariedades cometidas por el poder ejecutivo y el poder legislativo y privar de los medios de defensa al ciudadano”.
El organismo defensor de derechos humanos resalta que eliminar los espacios de participación ciudadana, representa una regresión en materia de derechos humanos en el país.
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