El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estrenó el jueves los superpoderes que le otorgó el Parlamento hace tres días, al aprobar dos leyes que aumentan los controles a empresarios y las regulaciones a las importaciones, en su lucha contra la crisis económica.
Con el objetivo de afrontar la «guerra económica» contra su gobierno, Maduro aprobó en la noche del jueves una ley orgánica para el control de precios, costes y ganancias del sector privado y otra normativa para regular las importaciones, de las cuales el país petrolero es altamente dependiente.
La mayoría chavista de la Asamblea Nacional aprobó el martes la denominada ley habilitante, que permite a Maduro emitir leyes sin necesidad de la aprobación de ese ente.
«No podemos perder tiempo, tenemos que controlar y regularizar esta guerra económica que le dispararon al pueblo», afirmó Maduro en la ciudad de Maracaibo (oeste), donde suscribió las dos leyes ante sus simpatizantes.
«Estoy aprobando mi primer decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica para el control de los costos, de los precios, de las ganancias y la protección de la familia venezolana», dijo el presidente.
Esta normativa une «todas la leyes que fueron creadas» durante 14 años de gobierno chavista para controlar los costes, precios y ganancias máximas del sector privado, indicó Maduro, quien había anticipado fijar un margen de ganancia máximo de entre el 15% y el 30%.
«Esta ley tiene un solo objetivo central, que es proteger la libertades económicas y los derechos económicos y sociales del pueblo que trabaja», expresó el mandatario.
La segunda normativa crea el Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación Nacional de Comercio Exterior, que controlarán las importaciones y exportaciones y ordenarán «todo el manejo de las divisas que entran (al país) por la renta petrolera».
Venezuela, con las mayores reservas mundiales de crudo, obtiene más del 90% de sus divisas de la renta petrolera, de las cuales el Estado destina una parte a la venta de dólares a empresarios a la tasa oficial -de 6,3 bolívares por billete verde- para importaciones.
Para Maduro, esta ley es «fundamental» para evitar que los importadores vendan los productos con sobreprecios de hasta el 1,000%, como ha denunciado en las últimas dos semanas tras ordenar las rebajas forzosas de precios de varios productos, entre ellos los electrodomésticos.
La polémica en torno a los precios tiene como trasfondo el control de cambios que rige en Venezuela desde 2003, que ha generado un mercado paralelo de divisas, que supera en más de ocho veces las tasa oficial.
Además de los actuales trámites engorrosos para obtener divisas, ahora las empresas deberán «firmar un contrato de fiel cumplimiento» del uso de los dólares que les entregará el Estado y se «comprobará» que hayan traído al país los productos ofrecidos.
Asimismo, el Estado depositará los dólares en cuentas bancarias en Venezuela -y ya no en el exterior- «en el momento que (las empresas) tengan que cancelar el servicios» o productos.
Para Maduro, ambas leyes servirán para derrotar lo que denomina una «guerra económica», impulsada por la «burguesía» y el «imperialismo» y a la que el gobierno responsabiliza de la inflación del 54 % anual que registra el país, el alza de precios y la escasez de algunos productos básicos.
La oposición y los empresarios consideran que los poderes especiales son una herramienta «con fines electorales» de cara a las municipales del 8 de diciembre, vistas por muchos como un examen a la gestión de Maduro.
El líder de la oposición y gobernador, Henrique Capriles, quien fue derrotado por Maduro en las elecciones presidenciales de abril por una ventaja de menos del 2% de los votos, convocó para el sábado protestas en todo el país en rechazo de la ley habilitante y la crisis económica.
«Es impresionante que ahora convoquen a una marcha en favor de los especuladores», criticó Maduro. «Les tocamos a sus capitalistas especuladores que los financiaban (…) entonces ellos, desesperados, quieren provocar violencia. Eso no va a pasar, ya tomamos medidas», denunció.
La primera ley deberá ser ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en un plazo de 14 días para que entre en vigor, mientras la segunda entrará en vigor una vez publicada en la Gaceta Oficial.
Esta es la quinta ley habilitante otorgada a un presidente en 14 años del chavismo en el poder de Venezuela, donde todos los presidentes de los últimos 40 años han gozado de estos poderes especiales.
