MOSCÚ/AFP
Otros 15 miembros de la embarcación de Greenpeace detenida en septiembre en el Ártico, entre ellos el argentino Hernán Pérez Orzi, salieron este viernes de prisión en San Petersburgo, tras haber recibido la libertad bajo fianza, anunció la ONG.
El capitán del “Artic Sunrise”, el estadounidense Peter Willcox -quien dirigió en 1985 el navío “Rainbow Warrior”-, el argentino Miguel Hernán Pérez Orzi, el suizo Marco Weber, los holandeses Faiza Oulahsen y Mannes Ubels, el canadiense Paul Ruzycki, y los británicos Kieron Bryan y Anthony Perrett salieron del centro de detención de San Petersburgo tras la entrega de su fianza, de dos millones de rublos (45.000) euros por persona.
Algo después, los británicos Alexandra Harris, Frank Hewetson e Iain Rogers, así como el neozelandés Jonathan Beauchamp, la turca Gizem Akhan, el ucraniano Rouslan Iakouchev y el canadiense Alexandre Paul abandonaron también la prisión.
La justicia rusa concedió este viernes la libertad bajo fianza a otros tres activistas: el estadounidense de origen ruso Dimitri Litvinov, el ruso Roman Dolgov, y el británico Phil Ball, por lo que el número de militantes que se beneficiaron de esta medidas asciende a 29.
Solo el australiano Colin Russell vio su pena de prisión prolongada tres meses, hasta el 24 de febrero. El embajador australiano en Rusia anunció que recurriría la decisión y se mostró confiado en que será revocada.
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que las autoridades no tenían la intención de interferir en este caso.
Los 30 activistas formaban parte de la tripulación del barco “Arctic Sunrise”, de bandera holandesa y detenido en septiembre por un comando ruso en helicóptero después de que parte de sus tripulantes llevaran a cabo una acción contra una plataforma petrolera en el Ártico para denunciar los riesgos de esta explotación.
Todos ellos fueron inculpados de “piratería” y posteriormente de “vandalismo”. La justicia rusa no dejó claro si la primera acusación, que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, fue levantada. La segunda puede acarrear una pena de hasta siete años.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, entidad de la ONU encargada de resolver los litigios internacionales en el mar con sede en Hamburgo (Alemania), tenía previsto pronunciarse este viernes sobre este caso.