El presidente inconstitucional Daniel Ortega no tiene ningún respeto por la democracia republicana. Si de él dependiera, la dictadura fascista que ha instaurado en Nicaragua se regiría por su solitaria voluntad, un sistema en que su palabra es la ley.
Sin embargo, Ortega vive en un mundo cada vez más interconectado donde se deben mantener ciertos formalismos, de lo contrario corre el riesgo de convertirse en paria.
Es por eso que, en contra de su voluntad, ha tenido que establecer un proceso de “consultas” a la llamada “propuesta” de reformas constitucionales, que como hemos dicho son en realidad contrarreformas que dan formalidad jurídica a la destrucción del sistema democrático republicano que se trató de construir en Nicaragua desde 1990.
Al contar, por la vía del fraude electoral del 2011, con 63 diputados en la Asamblea Nacional, la aprobación de la “propuesta” está garantizada, sin embargo, las apariencias lo obligan a realizar consultas que están dejando claro que el dictador solo cuenta con el apoyo de sus empleados —los magistrados, ministros y resto de funcionarios públicos— que han desfilado por la Comisión Especial que dictamina la contrarreforma.
Los sectores independientes, y que representan amplios sectores de la población, han rechazado claramente la pretensión de Ortega no solo de perpetuarse en el poder sino de establecer un sistema de gobierno totalitario.
De entrada la Alianza PLI, principal partido de oposición, dijo que participaría en la Comisión Especial no para apoyar o negociar la propuesta sino para denunciar sus pretensiones totalitarias.
Los pastores evangélicos han rechazado la manipulación que se pretende hacer del núcleo de la sociedad mediante los llamados “Gabinetes de la Familia”, así como el continuismo presidencial. Y aunque hasta hoy se conocerá la posición de la Conferencia Episcopal, es difícil imaginar a los obispos apoyando las aberraciones propuestas en la contrarreforma.
La empresa privada, que ha tratado de mantener una política de diálogo y consenso con el Gobierno, se ha dado cuenta que al aprobarse la contrarreforma simplemente queda eliminada la democracia y los límites al poder, que son precisamente la razón de ser del constitucionalismo.
Es por eso que la Cámara de Comercio Americana (Amcham), que aunque no fue llamada a consulta ejerció su derecho ciudadano a opinar advirtió que el cambio será causa de incertidumbre “que podría influir negativamente en el desarrollo de Nicaragua”. Mientras que el Consejo Superior de la Empresa Privada expresó su preocupación porque la contrarreforma cree incertidumbre que perjudique el objetivo de construir una Nicaragua más próspera y democrática. Y ya no digamos el rechazo que ha expresado la sociedad civil organizada.
Hay pues un amplio sector de la población que rechaza las pretensiones de Ortega de crear un estado totalitario y si el dictador tuviera la valentía de someter semejantes propuestas a la aprobación de los votantes —en el marco de un sistema electoral creíble y confiable—, sin duda sufriría una derrota igual o peor a la que sufrió su mentor, el fallecido Hugo Chávez, cuando en Venezuela sometió a referéndum en 2007 una reforma incluso menos radical que esta.
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