Bruselas/EFE
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó hoy que Nicaragua denunció a Colombia por incumplir la sentencia del tribunal que modificó la frontera marítima entre los dos países y por amenazar con el uso de la fuerza en la zona.
La CIJ confirmó que recibió el 26 de noviembre la denuncia nicaragüense, en la que se pide al tribunal con sede en La Haya, que obligue a Bogotá a cumplir con la sentencia del 19 de noviembre de 2012.
Nicaragua considera que Colombia incumple sus obligaciones internacionales de no usar o amenazar con utilizar la fuerza y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas en el fallo de la Corte. Por ello, pide al Tribunal que declare que Bogotá “está obligada a cumplir con la sentencia del 19 de noviembre de 2012, a borrar las consecuencias jurídicas y materiales de sus actos internacionales ilícitos y a hacer una reparación íntegra por los daños causados”.
Para apoyar su postura, Nicaragua ha incluido en su denuncia varias declaraciones efectuadas en los últimos meses por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y varios miembros de su Gobierno. Según Managua, en ellas se muestra el “rechazo de Colombia” a la sentencia del tribunal y su decisión de considerarla “no aplicable”.
Las autoridades nicaragüenses denuncian además el decreto aprobado por Colombia para definir una Zona Contigua Integral en el mar, que viola “abiertamente los derechos de soberanía de Nicaragua sobre sus áreas marítimas en el Caribe”.
Santos presentó el pasado septiembre varias medidas para, según dijo, defender su soberanía y derechos de los “ánimos expansionistas de Nicaragua”, entre las que figura esa Zona Contigua Integral.
Con ella, Bogotá consolida a San Andrés y demás islas del archipiélago del mismo nombre como territorio colombiano, en respuesta al fallo de la CIJ que otorgó a Nicaragua derechos económicos sobre 75,000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe.
La Corte explicó que la denuncia nicaragüense apunta también a las “declaraciones amenazadoras de autoridades colombianas y al tratamiento hostil dado por fuerzas navales colombianas a barcos nicaragüenses”.
Todo esto, según Managua, ha “afectado seriamente a las posibilidades de Nicaragua a la hora de explotar los recursos vivos e inertes en su zona económica exclusiva y plataforma continental”.
Por último, subraya que el Gobierno nicaragüense ha dejado clara su disposición a discutir la aplicación de la sentencia de la CIJ y a gestionar la situación de forma pacífica, pero Colombia “ha rechazado el diálogo”.
Hace un año, el máximo tribunal de Naciones Unidas determinó los límites marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe y dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Bogotá en 2007.
A Nicaragua le otorgó una franja marina en esa zona que Bogotá calcula en unos 75,000 kilómetros cuadrados y Managua en más de 90,000 kilómetros cuadrados.
