EFE
La relación entre Colombia y Nicaragua camina hacia un distanciamiento mayor con el nuevo paso dado por Nicaragua en el litigio marítimo en el Caribe, que llevó al Gobierno colombiano a llamar a consultas a su embajadora en Managua.
“Vamos a contestar en el momento en que la Corte lo requiera, estaremos prestos a contestar, así como estaremos prestos a contestar la otra demanda sobre la plataforma continental extendida y esperaremos a que la Corte nos indique el momento”, aseguró Holguín a periodistas.
El jurista nicaragüense Norman Miranda aseguró que con la demanda Nicaragua “le anotó un gol en el último minuto” a Colombia, y todo lo que han dicho los colombianos no tiene valor judicial, sino hasta que la Corte le pida responder la demanda.
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El diferendo, que durante la mayor parte del siglo XX estuvo latente en la relación bilateral, se activó en diciembre de 2001 con la decisión de Nicaragua de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en busca de una nueva frontera marítima que remplazara el meridiano 82, establecido como tal por el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928, que Managua no considera válido.
La CIJ, con sede en La Haya, confirmó en 2007 la soberanía de Colombia sobre las islas mayores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y hace un año lo hizo con siete cayos vecinos, pero modificó los límites al conceder a Nicaragua una porción de mar al este del paralelo 82 que según Colombia es de 75,000 kilómetros cuadrados y según Nicaragua de 90,000.
Esa sentencia, lejos de ser salomónica, ha aumentado la tensión entre los dos países, hasta el punto de que Colombia llamó el miércoles a su embajadora en Managua, Luz Estela Jara, tras la decisión de Nicaragua de presentar una nueva demanda ante la CIJ, que se suma a otra de septiembre pasado.
La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, lamentó que sea “imposible tener un diálogo con Nicaragua”, país que, según explicó, prefiere recurrir siempre a la Corte de La Haya en vez de conversar directamente con Colombia.
El argumento de Nicaragua es que Colombia ha incumplido la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre de 2012, que modificó los límites, y ha amenazado con el uso de la fuerza en la zona.
El Gobierno nicaragüense alega además que ha dejado clara su disposición a discutir la aplicación de la sentencia de La Haya y a gestionar la situación de forma pacífica, pero Colombia “ha rechazado el diálogo”.
Colombia ha reiterado que no desconoce el fallo de la CIJ ni a ese tribunal, sino que simplemente la sentencia es “inaplicable” hasta que se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos y que deberá ajustarse a la Constitución nacional.
El jurista nicaragüense Norman Miranda explicó que en Colombia hay unos cuantos abogados que están sugiriendo a su Gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Nicaragua, como Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, pero la mayoría de los juristas están más bien preocupados por la imagen que ofrece Colombia ante el mundo, de que no cumple sentencias de la CIJ.
Miranda también negó que Nicaragua sea un país expansionista, y la prueba es que acude al alto tribunal internacional para reclamar su derecho.
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