ACAN-EFE y Leonor Álvarez
Periodistas costarricenses que sobrevivieron al atentado afirmaron que esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eleve el caso a juicio, tras el cierre del mismo por la Fiscalía costarricense. Los periodistas comentaron que hay una denuncia ante la CIDH, presentada en 2005 y que esperan que se pronuncie pronto y eleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Las autoridades de Costa Rica cerraron ayer la investigación por el atentado dirigido contra el entonces líder contrarrevolucionario Edén Pastora, ocurrido durante una rueda de prensa en 1984, en la comunidad fronteriza nicaragüense La Penca, debido a que se confirmó la muerte del argentino Roberto Vital, imputado como autor material de los hechos.
Pastora indicó que no tiene sentido que las autoridades costarricenses digan que cerraron el caso, cuando “nadie investigó”.
“Nunca nadie lo investigó. Costa Rica nunca se dio cuenta de nada”, afirmó ayer Pastora vía telefónica.
El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, informó que tras pruebas de ADN y comparaciones de huellas dactilares, las autoridades de Argentina confirmaron la muerte de Vital.
Al parecer Vital falleció en 1989 durante la toma y ataque al cuartel del ejército argentino en La Tablada, de acuerdo con la información oficial.
Según las investigaciones en Costa Rica, el argentino habría utilizado un pasaporte falso danés con el nombre Per Anker Hansen para infiltrarse con la prensa en La Penca, una zona selvática en territorio nicaragüense y cerca de la frontera con Costa Rica, donde Pastora realizaba su conferencia de prensa.
Allí, el argentino llevó a cabo el atentado con bomba en el que murieron los costarricenses Jorge Quirós (camarógrafo) y su ayudante Evelio Sequeira, y la periodista estadounidense Linda Frazer, del diario “Tico Times”, con sede en San José.
Otros 15 periodistas costarricenses y corresponsales extranjeros sufrieron heridas graves, algunas secuelas permanentes y amputaciones como consecuencia del atentado.
El atentado, catalogado como uno de los más graves en la historia centroamericana, se produjo en los años más convulsos de la guerra que sufría Centroamérica.
El fiscal general costarricense afirmó ayer que la investigación queda cerrada, pues en Costa Rica no existe información o pistas sobre los autores intelectuales del atentado.
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