José Adán Aguerri
El proceso de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política concluyó y la “Comisión Especial” emitió su dictamen para que sea presentado ante el plenario esta semana.
En este contexto presentamos nuestras posiciones sobre las reformas sustentadas en los principios democráticos que Cosep postula, promueve y defiende y que desde nuestra perspectiva eran claves para evitar que la reforma pueda generar tanta incertidumbre que nos lleve en dirección contraria de los objetivos que hemos alcanzado en el ámbito democrático y económico.
Lo anterior bajo la inobjetable realidad de que la bancada de gobierno tiene los suficientes votos para aprobar la reforma, y que los espacios de incidencia real estaban limitados, ya que por un lado la oposición política se “retiró” por conveniencia y cálculo político, y por otro la decisión del gobierno de alcanzar su objetivo de “institucionalizar el modelo de gobierno” ya estaba tomada y era irreversible.
Una primera revisión del dictamen arroja elementos importantes a destacar.
Para Cosep era clave garantizar el ejercicio efectivo de la democracia representativa y participativa como base de nuestro Estado de Derecho, debiendo el Estado promover y fomentar las diversas formas de participación democráticas sin sesgo ideológico o partidario excluyente alguno; lo cual se ratifica en el dictamen cuando se modifica el alcance de la democracia directa y eliminan los Gabinetes de la Familia. Sin embargo, creemos que todavía el “catálogo” es muy amplio, y deben reorientarse hacia mecanismos de democracia representativa que por su esencia son voluntarios y no vinculantes.
También era determinante preservar y fortalecer el rol de los partidos políticos y la definición de nuestra nación como una República Democrática basada en el principio de División e Independencia de Poderes. Lo cual se preserva y reafirma, aunque son tareas pendientes la real independencia y modernización del poder judicial y el electoral, sobre los cuales no avanza en forma decidida la reforma, ya que por un lado no se garantiza una real autonomía del Consejo Nacional de Administración y de la Carrera Judicial, y por otro, se deja abierta la posibilidad que no haya cambio en el Consejo Supremo Electoral; para lo cual es indispensable una reforma a la Ley Electoral y el nombramiento impostergable de nuevas autoridades electorales.
En el tema de la Defensa Nacional se elimina el inciso que planteaba el control de las bases de datos y registros informáticos, a partir de la exigencia que estos debían permanecer en el país, lo cual atentaba no solo contra la libertad de empresa sino también la libertad de comunicación. Y de igual forma, se aclara que los puntos de comunicación para fines de la defensa nacional en el territorio nacional deberán ser propiedad del Estado. De igual importancia, se establece que los miembros del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional solamente podrán ocupar cargos temporalmente por razones de defensa en el poder ejecutivo. Es un avance relevante, pero aún queda pendiente garantizar el esquema de subordinación al poder civil del Ejército y la Policía con el ministro respectivo.
Valoramos importante que en el ámbito de la economía nacional se reconoce el esquema de diálogo y consenso; se garantiza libertad de empresa y libre mercado en el sistema financiero; se fomenta la inversión nacional tanto como la extranjera; y se incluyen los consorcios con empresas nacionales en las concesiones del Canal para generar trabajo nacional; siendo un tema pendiente vinculado directamente con la Economía la expresión clara de trabajar en un “diálogo” estructural por la educación.
Finalmente, se limitan las facultades del presidente preservando las atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional, al eliminarse los “Decretos Ejecutivos con fuerza de Ley”; pero se mantuvo en relación al poder ejecutivo la reelección indefinida; tema que por historia estamos convencidos no le conviene a Nicaragua y debe ser objeto de mayor reflexión.
El autor es presidente del Cosep
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