Nicaragua no tiene política de seguridad social para sus habitantes. Actualmente existen programas asistencialistas; algunos de ayuda humanitaria; los programas sociales del Gobierno; la responsabilidad social empresarial; pero, ninguna está inserta en una política pública de Estado. Por lo tanto, todos son inseguros y muy voluntarios programas caritativos temporales.
Toda sociedad necesita una política pública destinada a la seguridad social. Pero, ¿qué es eso de seguridad social? Es la política de Estado que asegura que si tenemos un accidente, una enfermedad, una discapacidad, una agresión externa, una limitación física o psíquica, o cualquier otra circunstancia que limite nuestras capacidades, de producir y generar ingresos, entonces, exista un fondo financiero disponible para apoyarnos y evitar concretamente que vayamos a convertirnos en carga de nuestros familiares, o de la sociedad. Ese fondo debe responder con precisión y con eficacia. El procedimiento debe convertirse en una política pública que asegure la estabilidad de la persona independiente de su edad, sexo, color, creencia política y religiosa, o preferencias sexuales. Esa política pública debe asegurar que cada persona en el país disfrute de la seguridad que cuando lo necesite habrá una respuesta segura a su servicio.
Todas las personas en sociedad tienen etapas del desarrollo muy claramente marcadas. Cuando niños dependemos de nuestros padres y tutores; al llegar a ser jóvenes adultos, iniciamos un proceso de producción y rendimiento en base a nuestras capacidades y recursos profesionales que hayamos obtenido. Periodo corto que va desde los 18 hasta los 60 años, también llamada en términos de la economía, población económicamente activa, o PEA; y luego, estamos frente a una edad de adultos mayores. Misma en que producimos menos.
Durante estos dos últimos periodos mencionados es que necesitamos que de nuestro aporte físico y financiero, durante un poco más de treinta y cinco años, se revierta en una política de seguridad social. La política debe tener dos espacios: el primero, un sentido de solidaridad humana y social; y el segundo, un sentido financiero de acumulación, incremento y utilidad. Esto debe hacerse con una correcta medida de manejo de nuestro aporte financiero. Es decir, que haya una custodia administrativa seria y honrada, que invierta en donde gane intereses y se incremente el capital aportado, que crezca se consolide la seguridad social.
Quizás, estimado lector, usted, dirá: eso solamente lo pueden hacer los países desarrollados e industrializados, pero, le aseguro que no es así. Los ciudadanos/as nicaragüenses, desde que se institucionalizó el seguro social en Nicaragua y pasó por sus diferentes nombres (INSSBI, INSS, SUS) nosotros aportamos dinero de nuestro trabajo, de nuestra acción productiva, y lo hicimos con un principio de solidaridad social. Ese dinero creció y creció. Lo que ha pasado es que nunca exigimos tener una política de seguridad social, nos conformamos con los discursos de los políticos que dicen que se preocupan por nosotros, nos hemos atemperado, pensando que nunca llegarán los tiempos de las vacas flacas.
La seguridad social debe ser una alianza entre Estado, gobierno y sociedad, que desemboque en una políticas pública y resuelva el flagelo de la mendicidad, dependencia y miseria producida por una circunstancia que limita a la persona en su desarrollo de vida. En Nicaragua debemos dejar de discutir tonteras de centavos, o porcentajes de aportes, lo que debemos demandar y asegurar es una política pública inclusiva de seguridad social.
El autor es Sociólogo e Investigador Social.
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