Rezaye Álvarez M.
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Desde el 1 de enero al 10 de diciembre de 2013, Nicaragua percibió, por exportar material reciclable extraído de los desechos, casi cuatro millones de dólares (US$3,939,622.27).Esta cifra podría aumentar el próximo año con la aprobación del proyecto de Ley especial de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.
Para organizaciones ambientalistas como la plataforma de la Feria Nacional de la Tierra y Jóvenes Ambientalistas, la aprobación de esta ley vendría a regular la cadena de valor en el proceso de reciclaje.
La ley también está dirigida a evitar y minimizar la generación de residuos, “fomentando su valorización y reduciendo la cantidad de aquellos destinados a disposición final”, para así ayudar a prevenir y mitigar los riesgos para la salud y el ambiente.
Según explicó Rafael Estrada, facilitador del proceso de consulta en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, actualmente “el eslabón más vulnerable son los recicladores de base” y la ley les vendría a proteger.
Esto porque son los intermediarios entre los recolectores y los acopiadores, quienes determinan los precios del papel, plástico y metal que se recicla y, por lo general, esas personas no están registradas y no pagan impuestos.
En el proyecto de Ley, el artículo 99 establece la prioridad para los “pepenadores” que hayan venido realizando la recolección de residuos en vertederos a cielo abierto, para conformar rutas de recolección con separación desde el origen.
Además, incluye que estos deben ser beneficiarios de programas de reinserción sociocultural.
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