“Nosotros no hicimos la carta porque lo mirábamos como una medida comercial entre una empresa privada y sus deudores”, explica Arriola.
Además, dice, “Acordémonos de que la próxima semana ya van de vacaciones los señores diputados y vuelven hasta en enero. No les va a dar tiempo”.
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Mañana finaliza el plazo establecido para que los ciudadanos que consumen energía eléctrica ilegalmente se “autodenuncien” en las sucursales de TSK-Melfosur. Sin embargo, aún no hay una cifra oficial de cuántas personas han solicitado la legalización.
Alrededor del 18 por ciento de unos 200 mil “ilegales” ha pedido que le normalicen su situación, según estimaciones del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (Indec). Pero la cifra sube a 35 por ciento en informes del Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores.
En las últimas semanas las sucursales de la empresa distribuidora se han mantenido abarrotadas; y en muchas se ha atendido hasta las 7:00 p.m., aunque la hora de cierre es a las 4:30 de la tarde.
“TSK no se preparó para atender a la gente. Hay unas grandes filas, están atestadas, yo no sé cómo van a hacer”, apunta Marvin Pomares, director del Indec. Además, subraya que “dos meses de campaña de publicidad fue muy poco tiempo y mucha gente ni cuenta se dio”.
La empresa lanzó su campaña informativa cuatro meses después de la aprobación de las reformas energéticas, en las que se estableció un “periodo de gracia” de 180 días (seis meses) para que las personas pudieran legalizarse.
Según la ley, a partir del martes quienes sean detectados cometiendo fraude podrían ser sancionados monetariamente, acusados en la Policía Nacional y encarcelados hasta por tres años.
LA PRENSA intentó comunicarse con Jorge Katín, gerente de Comunicaciones de TSK- Melfosur, pero no atendió su teléfono celular.
50
millones de dólares en pérdidas comerciales y técnicas, por energía sustraída ilegalmente, ha tenido TSK- Melfosur. Quienes soliciten la legalización podrán optar por planes de pago para cancelar su deuda.
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