México/EFE
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ordenó hoy diseñar una estrategia específica para combatir el secuestro, tras admitir una “tendencia al alza” de ese delito en los últimos meses, y destacó el fortalecimiento del intercambio de información estratégica con EE.UU., Centroamérica y otros vecinos.
Sin precisar cifras, Peña Nieto reconoció que los secuestros han tenido “una tendencia al alza en los últimos meses”, al hacer un balance de su estrategia de seguridad desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2012.
El mandatario lamentó, en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el incremento de los secuestros y ordenó al ministro de Gobernación (Interior), Miguel ngel Osorio Chong, presentar en enero una “estrategia específica” para disminuir los índices de ese delito.
Al referirse a los avances, el presidente mexicano mencionó que “entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 el número de homicidios dolosos se redujo en 15 % en relación con el mismo periodo del año anterior”, mientras que los robos bajaron en todas las modalidades en poco más del 5 %.
Añadió que de los 122 criminales declarados “objetivos relevantes” al inicio de la Administración, “el Gobierno ha logrado que 71 ya no sean una amenaza” para la sociedad, lo que ha impactado de “manera relevante” las estructuras de las agrupaciones.
En su discurso, Peña Nieto repasó los 10 puntos de su estrategia de seguridad y destacó el nuevo esquema de control de confianza de las corporaciones policiacas y el centro nacional de formación de mandos, ambos aprobados en la sesión de este viernes.
El objetivo del nuevo modelo de control de confianza es agilizar las certificaciones de los policías “sin perder rigor metodológico”, dijo el mandatario ante los gobernadores del país, miembros de su gabinete y representantes de la sociedad civil.
Entre los logros de su primer año de mandato, Peña Nieto también mencionó su “decidido impulso a la defensa y promoción de los derechos humanos” en la Administración pública federal.
Ello ha permitido “reducir en 50 % el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones de garantías fundamentales”, afirmó.
En el plano internacional, el gobernante mencionó el fortalecimiento del intercambio de información estratégica con otros países, en especial con los vecinos.
Con EE.UU. se replantearon los convenios bilaterales bajo el principio de responsabilidad compartida y con Centroamérica se impulsan “esquemas de colaboración para prevenir delitos, garantizar los derechos humanos y generar oportunidades de desarrollo para inmigrantes”, apuntó.
Además del nuevo modelo de control de confianza de las policías, en la sesión de este viernes se aprobaron fórmulas para distribuir los fondos federales a los estados para seguridad en base a los resultados obtenidos, y un acuerdo para tener datos más certeros sobre incidencia delictiva.
Los representantes de la sociedad civil, Edna Jaime y Miguel Treviño, destacaron que el tema de la seguridad es clave para el país y requiere de la participación activa de la ciudadanía y menos retórica del Gobierno.
Treviño destacó que en política policial se ha cumplido “un año en el limbo”: no hay sistemas disciplinarios, no se han establecido evaluaciones independientes de las corporaciones ni mecanismos de control externo y, “lo más grave”, la omisión y retraso en la certificación.
La nueva política de certificación policial debe contar “con dientes bien afilados”, es decir, recursos, fechas fatales y sanciones, para asegurar el cumplimiento por parte de los estados, afirmó.