México/EFE
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México censuró a la fiscalía general y a la del estado de Tamaulipas por negligencia, omisiones legales y retraso en la investigación de la matanza de 72 migrantes en agosto de 2010.
En un largo texto, el organismo documentó irregularidades cometidas por el personal de ambas fiscalías, omisiones de los peritos encargados del manejo de cadáveres, la preservación de evidencias de los sitios y negligencia en la atención a los dos sobrevivientes.
Además, criticó el retraso de la identificación de la mayoría de los cadáveres, por lo que el procedimiento de investigación permanece abierto.
Según las declaraciones de dos sobrevivientes, 74 indocumentados -la mayoría centroamericanos- fueron interceptados por un grupo armado el 21 de agosto de 2010 cuando viajaban en un autobús y trasladados a un rancho en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (norte de México).
Al día siguiente, 72 inmigrantes fueron asesinados a mansalva después de negarse a formar parte del grupo delictivo, que según las autoridades se trató de la organización criminal de Los Zetas.
En tanto, dos de los migrantes -uno ecuatoriano y otro hondureño- lograron sobrevivir y dar parte a las autoridades, quienes realizaron un operativo que permitió rescatar los cuerpos e iniciar las investigaciones.
La CNDH, que cumple funciones de oficina del Defensor del Pueblo, realizó un seguimiento de los procedimientos realizados por las autoridades, primero de Tamaulipas, y luego de la fiscalía federal, que atrajo el caso y trasladó los cuerpos a Reynosa y a la capital del país.
Desde el primer momento, dijo, las autoridades cometieron omisiones para preservar las evidencias en el sitio del crimen y el traslado de los cuerpos se hizo “en forma precipitada, sin metodología y deficiente”, por lo que se perdieron indicios importantes.
Destacó la ausencia de datos de los cuerpos, como “descripción de su posición, orientación, edad aproximada, media filiación, estatura, ropas que vestían, calzado, rigidez cadavérica, grado de putrefacción y las lesiones que se podían advertir a simple vista”.
Tampoco se tomaron las medidas necesarias para evitar el proceso de descomposición, apuntó la CNDH, que también reprobó a las autoridades por no haber concluido la identificación de los cuerpos, violando así el derecho a la “impartición de justicia pronta y expedita”.
El organismo solicitó al fiscal federal tomar medidas para garantizar los derechos de las víctimas y capacitar a los agentes del Ministerio Púbico y peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los procedimientos legales y el manejo y conservación de cadáveres.
Al Gobierno de Tamaulipas también le pidió instruir al personal para que adopte los protocolos de identificación de los cuerpos enviados a fosa común, así como estrechar la vigilancia en zonas de alto riesgo para combatir el secuestro de migrantes.
