Fruto de las últimas elecciones, una gran parte importante del pueblo cuestionó su legitimidad por estimarlas fraudulentas, apoyada esa opinión popular por organismos internacionales como la OEA, la Unión Europea, que coincidieron que no hubo transparencia en esas elecciones y que el comportamiento del Consejo Supremo Electoral había sido parcializado.
La soberanía nacional reside en el pueblo, en cada uno de los nicaragüenses y si se cuestionó que no hubo elecciones libres por parte del pueblo y organismos internacionales, la delegación del poder político que ejerce el pueblo por medio de representantes libremente elegidos por sufragio universal igual, directo y secreto está también cuestionada.
Este problema de legitimación se ha agravado, al tratar el presente Gobierno de imponer un modelo político, ideológico, cultural, social y espiritual en contra de la Constitución actual y de los intereses supremos de la nación que son los intereses supremos del mismo pueblo.
En forma inoportuna e ilegal se propone una reforma parcial en la Constitución que atenta contra la misma, sin un verdadero diálogo nacional previo, con tiempo suficiente para que todo el pueblo y sus organizaciones se tomen en cuenta y ya, a poco tiempo de que se termine el periodo legislativo, la presentan para su aprobación y las aprueban con cambios cosméticos.
Esta reformas son innecesarias e inconstitucionales porque van en contra del artículo 1 de la Constitución que garantiza la independencia, la soberanía la autodeterminación nacional porque atenta contra la vida del pueblo, contra el espíritu esencial republicano, democrático, pluralista de la Constitución, porque va en contra del Estado de Derecho que garantiza los intereses supremos de la nación, la soberanía de cada ciudadano, sus derechos humanos, culturales, sociales, políticos y espirituales; su libertad. .
Todos los Poderes del Estado incluso el presidente, están subordinados a esos intereses que no pueden estar sometidos a un partido o jefe de partido o funcionario del Gobierno.
Ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que lo que le confiere la Constitución y sus leyes (Arto. 130 de la Constitución vigente), por consiguiente, el presidente y todos los Poderes del Estado de acuerdo al Arto. 150 deben respetar la Constitución y estas reformas parciales al violar el espíritu y la letra de la Constitución y la cambian en su totalidad puede constituir una falta grave del presidente y de los diputados que puede ser tipificado por el Código Penal como usurpación de funciones, abuso de autoridad, ya que estas reformas cambian totalmente la constitución, un cambio total en el sistema político, social, y cultural del país que va afectar a todo el conjunto de leyes de Nicaragua.
Estas reformas innecesarias e inconstitucionales tratan de institucionalizar la falta de Estado de derecho y de institucionalidad democrática de Nicaragua, le quita el poder soberano del pueblo para dárselo a un mortal que está reviviendo sistemas políticos autoritarios, anacrónicos y obsoletos, con personas prepotentes, orgullosas, soberbias y corruptas que tratan de revivir sistemas autoritarios como “El Estado soy yo”, de Luis XIV o el somocismo perfecto, que no caben en estos tiempos.
La imposición autoritaria de las reformas sin un tribunal electoral creíble, sin respeto a la constitución y la institucionalidad, podría causar inestabilidad y violencia a partir del 2014 y aceleraría el principio del fin de la última dictadura en Nicaragua.
Nicaragua es considerada por organismos internacionales serios como uno de los países más corruptos del mundo.
Basta ya de corrupción, que es la madre de las injusticias, del subdesarrollo mental y la pobreza. Nicaragua volverá a ser república.
Viva Nicaragua libre de dictaduras corruptas. El autor es abogado y presidente de la Organización Salvación y Liberación, Amor, Paz y Revolución económica.
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