Leonor Álvarez y Tania Sirias
Toda clase de argumentos expresaron el diputado sandinista Edwin Castro y el magistrado electoral de facto José Luis Villavicencio para concluir que no es necesaria, económica ni factible la creación de un Instituto de Cedulación Ciudadana, como lo han recomendado organizaciones civiles, observadores electorales y los miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Castro, jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), no ve necesario crear un Instituto de Cedulación, porque se pregunta quién tendría que elegir a los miembros.
“¿El presidente de la República, la Asamblea Nacional? ¿O ustedes creen que con 63 votos que tenemos (del FSLN) vamos a escoger a un director militante del PLI (partido opositor)? Seamos realistas políticamente”, dijo el diputado Castro para hacer ver que quien estaría al frente de un Instituto de Cedulación siempre sería sandinista.
Insistió en que no es factible un Instituto de Cedulación porque además ya hubo una reforma constitucional y no fue contemplado ese tema.
“Lo que resuelve es que trabajemos más, que mejoremos como hemos ido mejorando los sistemas electorales y que vayamos todos creando confianza”, agregó Castro.
Sin embargo, las misiones de observación electoral nacionales y extranjeras, que participaron en las últimas elecciones presidenciales de 2011 y las elecciones municipales de 2012, destacaron en sus informes la falta de neutralidad del Consejo Supremo Electoral (CSE) y recomendaron en ese sentido reformas en el sistema electoral.
Aguerri, en nombre del Cosep, ha demandado reformas que incluyan el nombramiento de autoridades bajo los criterios de idoneidad, ética y transparencia.
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Por su parte, el magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), José Luis Villavicencio, cree que “técnicamente hablando” no es viable un Instituto Electoral “en un país donde los recursos económicos no sobran sino que faltan”.
El funcionario considera que un Instituto de Cedulación sería crear un aparato administrativo aparte, nuevo, e incluso, generaría más gasto para el Estado.
Reformas a la Ley 331
Villavicencio, de tendencia sandinista, también se refirió a la reforma a la Ley Electoral (Ley 331) y dijo que este poder del Estado está a la espera de ver cómo queda la reforma a la Constitución y dar sus opiniones en materia de cómo pudiese reformarse la legislación electoral.
El magistrado de facto indicó que hasta el momento solo se ha dado una aprobación de las reformas constitucionales y será hasta la aprobación de la segunda legislatura donde se verán concretamente los aportes que hacen a la Ley Electoral.
Uno de los temas que verá la reforma electoral será el tiempo que se establece para los gobiernos municipales, los cuales pasarán de cuatro a cinco años. Villavicencio agregó que también se tendrá que ver “la cuestión del género en materia de la candidatura, es decir, la paridad de los candidatos en todos los sentidos”.
“Vamos a esperar y ver cómo queda la Constitución y así daremos una opinión técnica, jurídica y organizativa de las elecciones”, reiteró.
Demanda de Yatama
Por su parte, el diputado Brooklyn Rivera, aliado del FSLN, dijo que la organización indígena Yatama que él dirige, demandará que se introduzca en la reforma a la Ley Electoral la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de garantizar en las elecciones regionales que se cumpla el derecho de participación y elección de sus autoridades indígenas.
Afirmó que la actual Ley Electoral viola los derechos políticos a las organizaciones indígenas, obligándolas a participar en elecciones con partidos políticos nacionales. El diputado Rivera comentó que las comunidades tienen derecho a elegir a sus autoridades mediante sus “tradiciones, usos y costumbres”, así como de sus propias formas de organización.
“Esta sentencia está desde 2005 donde espera que el Estado de Nicaragua cumpla con la sentencia emitida por la CIDH. Estamos trabajando en la propuesta de reforma electoral y en su momento vamos a introducirla (al plenario de la Asamblea Nacional)”, expresó Rivera.
Asimismo, Rivera le recordó al presidente inconstitucional, Daniel Ortega, que él firmó acuerdos con las comunidades indígenas de dar fiel cumplimiento a la sentencia. “Esperemos que honre ese compromiso internacional”, dijo.
Estados Unidos también ha expresado su preocupación, principalmente en las últimas elecciones municipales, manifestando que no demostraron el necesario nivel de transparencia que brinde garantías tanto a los nicaragüenses como a la comunidad internacional.
“Ha habido múltiples denuncias sobre la forma parcializada en que el CSE de Nicaragua ha conducido el proceso durante el período previo a los comicios y durante el ejercicio del sufragio, en favor del partido gobernante”, se lee en una nota de prensa de la oficina de la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, sobre los comicios municipales nicaragüenses de 2012.
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