Dos prominentes funcionarios del régimen orteguista descalificaron la propuesta de algunos partidos democráticos, organismos cívicos y observadores electorales, de que la cedulación sea separada del Consejo Supremo Electoral y se cree un Instituto de Cedulación Ciudadana políticamente autónomo.
En efecto, tanto el diputado orteguista Edwin Castro como el magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral, el también orteguista José Luis Villavicencio, declararon que no hace falta crear un Instituto de Cedulación, porque causaría gastos innecesarios y de todos modos el FSLN nombraría a personas de su conveniencia como encargados de tal institución.
Sin embargo, cuadros orteguistas de ese nivel no tienen autoridad para rechazar una propuesta como la de crear el Instituto de Cedulación Ciudadana. Es Daniel Ortega —y en todo caso su cónyuge, quien actúa de hecho como cogobernante y casi siempre tiene la última palabra en las decisiones de Estado— quien tiene que responder a las organizaciones nacionales e internacionales que han propuesto separar la función de cedulación del Consejo Supremo Electoral, como una garantía mínima y previa de transparencia. De vez en cuando algunos funcionarios orteguistas se atreven a opinar sobre algo importante, pero poco después son desautorizados por sus jefes. El caso más reciente ha sido el del titular de la Autoridad del Gran Canal, quien aseguró que la construcción de la vía interoceánica comenzaría hasta en 2015, pero muy pronto fue rectificado por el mismo Daniel Ortega, junto con su socio chino Wang Jing, quienes reiteraron que las obras se iniciarán en el presente año.
Sin embargo, no es la errática política gubernamental del orteguismo lo que más nos interesa en este caso, sino la propuesta en sí de crear el Instituto de Cedulación Ciudadana, con el fin de quitarle el mecanismo de identificación de los nicaragüenses a un Consejo Supremo Electoral corroído por la mezquindad política, la corrupción, la ineficiencia y el sectarismo.
En principio no es mala —o más bien dicho, es buena— la idea de crear un Instituto de Cedulación Ciudadana manejado por personas técnicas, honestas, profesionales e independientes del poder y de los partidos políticos. Pero de manera aislada eso no resolvería el problema. Para que haya transparencia electoral, para que el fraude desaparezca otra vez del sistema electoral de Nicaragua y se restablezca la confianza en las votaciones, Daniel Ortega tendría que renunciar a su proyecto de arraigar la dictadura y restablecer la institucionalidad democrática. Dicho con otras palabras, para que otra vez puedan haber elecciones libres y limpias en Nicaragua, el podrido sistema electoral orteguista tendría que ser erradicado de manera integral. De otra manera, tal como se jactó con descaro el jefe de la bancada orteguista en la Asamblea Nacional, el FSLN y por lo tanto Daniel Ortega nombrarían como encargados del tal Instituto de Cedulación a individuos de su absoluta confianza, que serían iguales o peores que los magistrados de facto del CSE y nada bueno o positivo se habría ganado.
Esa es la cruda realidad. Con Ortega en el poder, o mientras el orteguismo no sea obligado a ceder como en 1989, no hay posibilidad de elecciones libres y limpias en Nicaragua ni de que funcione una verdadera democracia.
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