Tegucigalpa/EFE
La Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, aprobada el 13 de enero, y la Ley de Exclusión Aérea, aprobada el viernes en la noche, han desatado la polémica en Honduras.
“En el caso que se detecte una aeronave no identificada será sometida al uso progresivo de la fuerza a través de la interceptación y, como uso máximo, la neutralización definitiva de la amenaza, es decir derribarla”, orden que solo dará el secretario de Defensa, explicó Marvin Ponce, uno de los vicepresidentes del Parlamento y diputado opositor del Partido Unificación Democrática.
La norma crea además una “zona exclusiva aérea” en los departamentos Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía, y Olancho, los más utilizados por los narcotraficantes para aterrizar aviones cargados con drogas.
Estados Unidos suspendió en septiembre a Honduras la cooperación para compartir información de radares con el argumento de que el país había derribado en julio dos avionetas civiles sospechosas de transportar droga, lo que violó un acuerdo bilateral que prohíbe la práctica. La cooperación fue restituida en noviembre porque Honduras adoptó una serie de medidas para evitar el derribo de aviones civiles.
El analista político Raúl Pineda manifestó que la nueva ley podría causar “malestar” en algunos países cooperantes especialmente en Estados Unidos, y defendió la nueva norma como “necesaria para frenar la utilización de rutas aéreas para el tráfico de drogas” en el país por donde transita al menos el 80 por ciento de la cocaína que llega a México desde Suramérica con destino a Estados Unidos.
El Gobierno anunció en diciembre la compra de tres radares aéreos a Israel por 30 millones de dólares para combatir el narcotráfico.
[/doap_box]
Los sectores más críticos consideran que el nuevo gobierno, que presidirá Juan Orlando Hernández, desde el 27 de enero, pretende blindarse con la primera ley. Hernández asegura que solo será aplicada en “aquellos casos de extrema seguridad que puedan atentar contra la seguridad del Estado o usada por el crimen organizado”.
La norma faculta al presidente y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar la información oficial de “reservada” por cinco años, o de “confidencial”, por diez años. También pueden clasificarla como información “secreta” y “ultrasecreta”, lo que permite prohibir su publicación 15 o 25 años.
CONTRA LIBERTAD DE INFORMACIÓN
La ley, aprobada por la mayoritaria bancada oficialista, “es un retroceso y una vulneración al derecho de la libertad de información y de expresión, porque restringe de manera inaceptable el acceso de información”, expresó el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Honduras, Rodolfo Dumas.
Dumas lamentó, además, que le quita al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) “su razón de ser”, el determinar y justificar la clasificación de cierta información de interés público, y que ahora esa competencia se adjudique al Gobierno, “que podrá ocultar con mayor facilidad” los casos de corrupción.
ESCONDITE DE CORRUPCIÓN
Añadió que con la ley, el nuevo Gobierno pretende crear “un escudo jurídico para esconder algunos casos de corrupción”, en Honduras, considerado uno de los más corruptos de la región y de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Instó a los diputados del Parlamento a derogar la ley y a Hernández a vetarla.
Doris Madrid, del IAIP, señaló que la ley es “inconstitucional” y “lesiona” el derecho a la libre expresión, “disminuye y tergiversa la acción” al IAIP y violenta tratados internacionales. La organización de la Sociedad Civil anunció que denunciarán la ley ante instancias nacionales e internacionales
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció el jueves que la ley constituye “una nueva derrota” para la libertad de información y expresó su deseo de que se presente un recurso de inconstitucionalidad que la invalide.
“En el caso que se detecte una aeronave no identificada será sometida al uso progresivo de la fuerza a través de la interceptación y, como uso máximo, la neutralización definitiva de la amenaza, es decir derribarla”, orden que solo dará el secretario de Defensa, explicó Marvin Ponce, uno de los vicepresidentes del Parlamento y diputado opositor del Partido Unificación Democrática.
La norma crea además una “zona exclusiva aérea” en los departamentos Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía, y Olancho, los más utilizados por los narcotraficantes para aterrizar aviones cargados con drogas.
Estados Unidos suspendió en septiembre a Honduras la cooperación para compartir información de radares con el argumento de que el país había derribado en julio dos avionetas civiles sospechosas de transportar droga, lo que violó un acuerdo bilateral que prohíbe la práctica.
La cooperación fue restituida en noviembre porque Honduras adoptó una serie de medidas para evitar el derribo de aviones civiles. El analista político Raúl Pineda manifestó que la nueva ley podría causar “malestar” en algunos países cooperantes especialmente en Estados Unidos, y defendió la nueva norma como “necesaria para frenar la utilización de rutas aéreas para el tráfico de drogas” en el país por donde transita al menos el 80 por ciento de la cocaína que llega a México desde Suramérica con destino a Estados Unidos.
El Gobierno anunció en diciembre la compra de tres radares aéreos a Israel por 30 millones de dólares p
ara combatir el narcotráfico.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A