Algunos familiares de los máximos dirigentes chinos, incluyendo el presidente Xi Jinping y el exprimer ministro Wen Jiabao, disimularon parte de sus fortunas en paraísos fiscales, revela el miércoles una extensa investigación de una red de periodistas.
Según los documentos financieros obtenidos por el Consorcio Independiente de Periodistas de Investigación (ICIJ), basado en Washington, cerca de 22.000 clientes originarios de China comunista o de la zona administrativa china de Hong Kong tienen vínculos con compañías ‘offshore’ en los paraísos fiscales.
Entre ellos figuran millonarios procedentes del mundo de los negocios, como Yang Huiyan, la mujer más rica de China, o Pony Ma y Zhang Zhidong, fundadores del gigante de internet Tencent.
Los 2,5 millones de expedientes confidenciales examinados por el ICIJ revelan también un verdadero ‘quién es quién’ de la élite política de la segunda economía mundial, donde la riqueza de los dirigentes es un tema tabú porque la propaganda oficial los presenta como servidores desinteresados del pueblo.
Aparecen en la lista varios miembros de la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Parlamento chino), familiares del expresidente Hu Jintao, del exprimer ministro Li Peng y de Deng Xiaoping, quien supervisó a partir del final de los años 1970 la apertura de la economía.
También están implicados familiares de Xi Jinping, el actual jefe del Estado, y de Wen Jiabao, primer ministro entre 2003 y 2013, que en 2012 se vieron salpicados por unas investigaciones periodísticas sobre la fortuna colosal de sus familias.
Según el ICIJ, el riquísimo promotor inmobiliario e inversor Deng Jiagui, que contrajo matrimonio en 2006 con la hermana mayor de Xi Jinping, posee un 50% de una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes, llamada Excellence Effort Property Development.
Por su lado, Wen Yunsong —hijo de Wen Jiabao— creó en 2006 en el mismo paraíso fiscal una sociedad de la que era el único y accionista.
Aunque este tipo de sociedades y ‘trusts’ "pueden no ser del todo ilegales", cubren a menudo "conflictos de intereses y el uso de relaciones en la esfera del gobierno", indicó al ICIJ Minxin Pei, profesor del Claremont McKenna College.
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Como era de esperar, tras la publicación de ese informe resultaba imposible conectarse desde el territorio chino a los portales internet del ICIJ y de los medios que participaron en la investigación, entre los cuales figuran el británico The Guardian, el francés Le Monde, el español El País y el hongkonés Ming Pao.
Interrogado sobre el contenido de los informes, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Qin Gang, afirmó que "la lógica del artículo no es convincente y sólo puede plantear dudas sobre sus motivaciones ulteriores".
Las revelaciones llegan unos días después de la publicación en Hong Kong de una carta de Wen Jiabao, que clamaba su "inocencia" y desmentía cualquier malversación, tras la publicación en noviembre de un informe del New York Times sobre su hija Wen Ruchun.
Según ese informe, el banco estadounidense JP Morgan —cuya política de contratación de parientes de altos dirigentes chinos para obtener jugosos contratos es objeto de una investigación de las autoridades bursátiles norteamericanas— pagó 1,8 millones de dólares a la consultoría de Wen Ruchun entre 2006 y 2008.
Los documentos publicados por el ICIJ ilustran la manera en que la mujer, que operaba bajo el seudónimo de ‘Lily Chang’, pudo proceder para borrar cualquier rastro de conexiones entre su padre y su sociedad, Fullmark Consultants.
El marido de ‘Lily Chang’, Liu Chunhang, había instalado en 2004 su consultoría en las Islas Vírgenes británicas y fue su único director hasta 2006, cuando le ofrecieron un cargo en la autoridad china de regulación bancaria.
Segín el ICIJ, un 90% de clientes de China continental ha constituido entidades ‘offshore’ en las Islas Vírgenes, a menudo con ayuda de firmas occidentales, entre ellas las helvéticas UBS y Crédit Suisse o el gigante de la asesoría PricewaterhouseCoopers (PwC).
Un 7% está instalado en las islas Samoa y un 3%, en otras zonas. Los documentos también revelan la existencia de unos 16.000 clientes taiwaneses en paraísos fiscales.
El ICIJ precisó haber trabajado con más de medio centenar de organizaciones y medios de comunicación de todo el mundo para analizar los documentos.
En este contexto, un eminente activista anticorrupción chino guardó silencio el miércoles ante un tribunal de Pekín, para denunciar lo que su abogado calificó de "puesta en escena" judicial.
El juicio del universitario y abogado Xu Zhiyong, que había pedido más transparencia a los dirigentes, tuvo lugar en la capital china bajo estrictas medidas de seguridad.
Xu, fundador del Movimiento de los Nuevos Ciudadanos, una red informal de activistas que se encuentra en el punto de mira de las autoridades, podría ser condenado a cinco años de reclusión por asociación "para subvertir el poder político".
Decenas de policías de uniforme o de civil se desplegaron en las inmediaciones del tribunal, ubicado en el oeste de Pekín, impidiendo a los periodistas acercarse el edificio, constató un periodista.
El abogado de Xu Zhiyong, Zhang Qingfang, dijo que su cliente "guardó silencio" durante este juicio que concluyó tras seis horas de audiencia.
"No queremos participar en esta puesta en escena teatral, no somos actores, no podemos actuar", declaró el letrado a la AFP. "El tribunal intentó convencer a Xu de hablar (…) perdió diez minutos intentando convencer a los abogados de que hable", añadió.
Xu Zhiyong es uno de los ocho militantes anticorrupción que deben ser juzgados en los próximos días, acusados de perturbar el orden público.
Xu preconizó una movilización ciudadana contra la corrupción y exigió transparencia sobre el patrimonio de los altos funcionarios.
En un país donde el aparato judicial está estrechamente vinculado a las decisiones políticas, es casi seguro que estos juicios concluyan en condenas.