Guatemala/ACAN-EFE
El exviceministro de Gobernación Francisco Cuevas solicitó este lunes investigar al expresidente de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012) por omisión y obstruir en 2010 una investigación contra una alta exfuncionaria acusada de dirigir un escuadrón de sicarios y ejecución extrajudicial.
Cuevas, actualmente secretario de Comunicación de la Presidencia, dijo a Acan-Efe que ha instruido a su equipo de abogados para que “presenten todas las pruebas necesarias para que se investigue a Colom por omisión de denuncia” en el caso abierto a Marlene Blanco Lapola, quien también fue una de los viceministros de Gobernación y directora de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Lo que estoy pidiendo es que se amplíe la investigación abierta a Blanco Lapola también al expresidente”, manifestó, y aclaró que la petición la hace a título personal y no como funcionario.
Agregó que en la solicitud ante la Fiscalía Especial pide que se incluya también al exministro de Gobernación (Interior) de Colom, Carlos Menocal y al diputado Orlando Blanco, hermano de Marlene.
Cuevas, quien en 2009 trabajo como viceministro de Apoyo Comunitario de la cartera del Interior, denunció en 2010 a Blanco por supuestamente dirigir un grupo de sicarios.
“Recibí un anónimo el 13 de octubre de 2009 donde informaban acerca de dos grupos de aproximadamente 30 personas vinculadas al sicariato que funcionaban bajo el mando de Blanco Lapola”, dijo en su oportunidad.
La exdirectora de la PNC fue detenida en marzo de 2012 por las fuerzas de seguridad con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego de la denuncia en su contra.
Además de la exfuncionaria, también fueron detenidos como supuestos integrantes de la estructura criminal el comisario de Policía Edwin Nathaniel Chipix Notz y los agentes Lino Efrén García Castillo e Israel Chávez.
De acuerdo con investigaciones realizada por la Cicig, el grupo que estaría bajo el mando de Blanco Lapola se dedicaba a la localización y eliminación de personas sospechosas de extorsionar a empresarios del transporte urbano.
A la organización se le imputa el asesinato de Rosa del Carmen Coyoy Ixcot, Lauro Oswaldo Andrino y Jonhy Estuardo Sac, entre junio y noviembre de 2009.
Las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público establecieron que por las extorsiones de empresarios de transporte, los agentes involucrados recibían instrucciones de sus superiores de actuar de manera más contundente contra los extorsionadores, incluyendo darles muerte.
Hasta ahora los cuatro detenidos aún no han sido llevados a juicio debido a varias acciones judiciales ante el juez Miguel ngel Gálvez, que lleva el caso.