Elízabeth Romero
La promesa de ganar un buen salario en dólares ha sido el señuelo con que muchos nicaragüenses del norte del país han caído en las redes de grupos criminales, sobre todo de México.
Hasta hace unos años, las historias de que los nicaragüenses estaban siendo contactados por grupos del crimen organizado de México eran tan solo rumores. Pero desde finales de 2011, la denuncia ha tomado forma, cuando varios de estos casos han sido ventilados en el sistema de justicia.
A finales de 2011, en Somoto, Madriz, fueron procesadas varias personas acusadas por crimen organizado, trata de personas, con fines de esclavitud y explotación sexual, además de 20 personas que entre 2010 y 2011 fueron reclutadas como sicarios de los Zetas mexicanos.A mediados de noviembre pasado, la Fiscalía volvió a documentar otro caso que demuestra esta peligrosa situación.
El último caso solo difiere del primero, en que los nicas eran reclutados para el llamado cártel del Golfo.La cantidad de nicas que habría sido captada por un grupo de nacionales todavía se desconoce.
Tampoco está muy claro la relación existente entre las personas, que según la Fiscalía, actuaban como los reclutadores, pues hasta ahora solo un sospechoso está detenido y los allegados a los demás acusados no reconocen ningún nexo.
Sin embargo, muchas más personas podrían estar siendo contactadas con fines de esclavitud, como refleja el caso ocurrido en Quilalí, Nueva Segovia.
En este caso, de cuatro acusados por la Fiscalía en el Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Ocotal, únicamente guarda prisión Roberto Monterrey Vílchez, quien fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de crimen organizado y trata de personas. El caso fue apelado por la defensa de Monterrey.
Los otros acusados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzado y prácticas análogas a la esclavitud en contra de al menos nueve personas son: Jhony José Valladares Mejía, Norma Elena Rivera Cruz y Moisés Aguirre Escorcia. Familiares de Valladares confirmaron que este está detenido en una cárcel de México, mientras que Rivera dicen que aparentemente trabaja como doméstica en España.Según la Fiscalía, este grupo operaba en el país desde 2009, lo que objeta la defensa y la familia de Monterrey que asegura en esa fecha este se encontraba en Nicaragua.
Petray indica que algunos de los que han aceptado ese trabajo conocen el uso de las armas, otros lo hacen en busca de mejor fortuna.
“Nosotros creemos que sí opera el crimen organizado, los cárteles operan aquí y han visto a Nicaragua como un bastión para ello”, expresó Petray.
La Anpdh ha conocido denuncias de familiares de las víctimas, como la de una persona que fue secuestrada en el país y llevada a México donde permaneció por unos seis meses.
“Se lo llevaron para trabajar, allá lo armaron para escoltar a grandes capos”, expresó Petray.
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La hermana de Monterrey, Deidy Carla Monterrey Vílchez, alega a su favor que su hermano “no es ningún delincuente”, que desciende de una familia honesta y trabajadora y muy reconocida en Quilalí.En ese municipio, muchos atestiguan a favor de Monterrey; pero también hay otros que lo señalan como la persona que los invitó a realizar trabajos no especificados “en ranchos” de México.
La oferta era tentadora, hablan de salarios de hasta de 1,000 dólares al mes.La hermana del acusado aduce que hay personas interesadas en hacerle daño a su familia, pues atribuirle a este “que pertenece a un grupo delincuencia del Golfo son palabras muy fuertes”.La hermana de Monterrey acepta que este se fue a México en julio de 2011, “como todo emigrante, como toda persona que viaja a buscar una mejor vida”, pero no como reclutador de sicarios.
Sin embargo, la hermana de Monterrey no supo explicar en qué laboraba su hermano mientras permaneció en México, únicamente dice que este permaneció en una finca en Tampico, Tamaulipas, propiedad de la familia de una joven con la que se vinculó sentimentalmente.
HAY TEMOR
Los casos de lugareños que viajaron a México bajo esa condición son del dominio público a lo largo de comunidades como Los Manchones, el Olingo, Quilalí, Las Flores, Murra, entre otros; pero son pocos los que aceptan haber proporcionando su identidad. Desde que el visitante empieza a recorrer los empedrados caminos de esas comunidades, cualquier persona acepta estar enterado del caso.Un campesino consultado sobre esta situación, dice estar al tanto de ello, pero evita identificarse.
El campesino abunda en detalles, tras preguntar sobre las familias involucradas en el caso.
“Quieren ganar más con cohete cruzado escoltando a otro”, fue la primera reacción que por respuesta ofreció otro de los campesinos de la comunidad de Los Manchones.
Otro que lo acompañaba apuntó: “Quieren llegar al nuevo amanecer”, mientras el primero asentía con la cabeza: “De aquí se han ido varios”.Sebastián González, padre de Ismael González Rugama, al ser consultado por LA PRENSA, aceptó que su hijo, que actualmente está en Honduras, fue uno de los que a mediados de 2011 salió de Quilalí en busca de trabajo, pero alega que no le confió mucha información.Sin embargo, en el expediente judicial aparece su relato.
Su hijo fue engañado, ya en México, no le dieron el trabajo ofrecido, sino que les entregaron armas de fuego y los mandaban a cometer delitos como asaltos y enfrentamientos con otras bandas.Además, relató González a la Fiscalía, que su hijo, quien se escapó, permanece en Honduras, “porque tiene miedo que lo vengan a matar a Nicaragua, ya que la banda en la que participó (él) logró descubrir que son miembros del crimen organizado y narcotráfico”.
Según la acusación de la Fiscalía, el grupo que llevaba varios años en esta actividad, sacaba a los nacionales a través de la frontera norte en autobuses de transporte colectivo que viajan con destino a Guatemala, para lo cual hacían uso del CA-4.El ofrecimiento que les hacían para viajar, como atestiguó Oscar Israel Rivera Flores, uno de los que la Fiscalía incluyó como víctima, era el de trabajar en una caballeriza y la persona que ofrecía el empleo “corría con todos los gastos”. Rivera refirió a la Policía que en mayo de 2009, decidió aceptar la oferta de trabajo que le hizo Jhony Valladares, que junto a otras personas, los esperó en Estelí, donde los alojó, para luego entregarles los boletos para viajar a Guatemala.
Ya en Guatemala, relató Rivera a la Fiscalía , abordaron un autobús con destino a Santa Elena, después “una buseta” que los llevó al Naranjo y tras cruzar un río y seguir otras rutas, pasaron por Veracruz; luego tras un recorrido de día y noche, llegaron al sitio donde trabajarían.Allí “nos formaron en fila y uno de los miembros que estaban adentro dijo: bienvenidos muchachos, ustedes serán parte del cártel del Golfo de México”.
“El trabajo consistía en andar con ellos, cuidándolos”, dijo Rivera, quien allí comprobó que había sido engañado y que su trabajo no sería en una caballeriza. Y al reaccionar con que no sería capaz de usar armas de fuego, los miembros del grupo criminal lo dejaron abandonado a su suerte. El 21 de junio de ese mismo año, Rivera fue detenido por Migración y deportado a Nicaragua por El Guasaule.
