Gloria Picón Duarte
En un plazo de seis meses Nicaragua podría contar con una ley que regule la tercerización (contratación de fuerza de trabajo mediada por terceras empresas) en el país, a la cual están expuestos aproximadamente unos trescientos mil trabajadores, aunque la cantidad puede ser mayor, manifestó la diputada Maritza Espinales, vicepresidenta de la comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional.
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En la comisión de Asuntos Laborales hay una iniciativa de ley para regularizar la tercerización o subcontratación desde el 2009, sin embargo, no ha habido avance alguno. Ayer los diputados de dicha comisión se reunieron con Antonio Montero, director del Instituto Sindical de América Central y el Caribe, para abordar diversos aspectos sobre el fenómeno y conocer experiencias de otros países.
Espinales agregó que la tercerización afecta a la clase trabajadora y el proceso y la eficiencia productiva del país, porque al no haber regularización el trabajador queda sin prestaciones sociales, sin pago de horas extras, es contratado por horas, entre otros perjuicios.
Montero explicó que en la regularización de la tercerización deben primar los trabajadores, pero sin afectar la libertad de empresas. “La libertad de empresa no puede ser absoluta, debe tener ciertas limitantes y esas limitantes tienen que imponerse por una normativa construida del consenso que regule los derechos de los trabajadores que vayan a ser trasladados hacia actividades tercerizadas”, explicó.
Para Montero, la ventaja de que haya una ley que regule la tercerización, que actualmente se da por las vías de hecho, es que las empresas ya tendrían claro qué puede y qué no puede ser tercerizado, además de los procedimientos para hacerlo, y quedarán claras las responsabilidades que las empresas tienen con los trabajadores que vayan a ser trasladados hacia actividades tercerizadas.
Según Montero, a nivel centroamericano casi todos los países están en un mismo nivel de discusión, aunque en algunos hay imposibilidad política de regularlo, porque el debate ha llevado a que se opongan grupos no necesariamente empresariales, sino de los trabajadores, porque no están dispuestos, ni aceptan el que actividades que normalmente se han hecho dentro de una empresa, se trasladen a terceros sin la certeza jurídica de la condición en que quedarían ellos.
El diputado Alberto Lacayo, presidente de la comisión, agregó que si bien es cierto en la iniciativa de ley que está en la comisión existe cierto consenso sobre varios aspectos, todavía hay elementos que se tienen que debatir y consensuar referente a si la tercerización será subsidiaria (la responsabilidad principal está sobre la empresa que subcontrata y luego sobre la empresa primaria) o solidaria (ambas empresas son responsables directas).
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