Elízabeth Romero
Desde diciembre de 2013 el Ministerio de la Familia (Mifamilia) dejó de pasar una pensión a doña Irinea Mejía, madre y esposa de las tres víctimas de la matanza en la comunidad indígena El Carrizo, en San José de Cusmapa, Madriz.
Uriel Pineda, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), aseguró que esto se los informó Mejía en una visita reciente a esa comunidad. Pineda consideró esto como una violación a una medida de reparación ante una violación colectiva a los derechos humanos.
Lo correcto —dijo el funcionario— debió hacerse a través de la Asamblea Nacional, para que quedara establecido como política pública y le fuese otorgada a Mejía una pensión de gracia.
Esto deja entrever que la intención era entregarle a Mejía la ayuda de forma temporal y no permanente.
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La matanza fue ejecutada el 8 de noviembre de 2011. Las víctimas fueron Mercedes Torres Pérez y sus hijos Josué Sael y Elmer Torres Cruz, cuando los acusados llegaron a su comunidad para atacarlos.
Como perpetradores del hecho sangriento fueron señalados el secretario político del FSLN de Cusmapa, Jesús Herrera Zepeda; el subcomisionado Elvin López Aguilera, exjefe policial de esa zona; los policías Mauricio José Díaz Jiménez, Martín Ramírez Izaguirre y Pablo Alvarado Espinoza, además del funcionario electoral de esa localidad, Eusebio Cruz Montenegro.
El funcionario del Cenidh explicó que a petición de Mejía se comunicaron con la delegación de Mifamilia en Madriz, pero no le atendieron la llamada.
Pineda señaló que el Estado está obligado a reparar esta situación, pues de esta manera le están privando a Mejía de un mecanismo de subsistencia.
“Esto es una violación a una medida de reparación ante una violación de derechos humanos”, dijo Pineda, quien recordó que el triple asesinato fue cometido entre otros por funcionarios del Gobierno junto a particulares afines al mismo, por ello el Estado tiene responsabilidad de lo que ocurrió.
Señaló el abogado del Cenidh que la reparación del daño no se limita al acceso de la justicia, sino que acarrea una compensación material porque el esposo de Mejía y sus hijos representaban el sustento del hogar truncado.
No obstante, al matar al esposo, a dos de los hijos y otros dos quedan lisiados por la misma causa, una forma de reparación de los derechos humanos era la compensación económica, apuntó el abogado del Cenidh.
En septiembre pasado, doña Irinea aseguró a LA PRENSA que le entregaban una ayuda de 5,000 córdobas como una forma del Gobierno para resarcir los daños provocados por funcionarios y militantes del FSLN.
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