Leonor Álvarez
Hace veinte años el hemisferio occidental se comprometió a respetar la libertad de expresión a través de la Declaración de Chapultepec, que recoge el respeto de los gobiernos a la libertad de prensa.
El primer gobierno nicaragüense en firmar la declaración y cumplir con el respeto a ese derecho civil fue el de Violeta Barrios de Chamorro, el 28 de julio del mismo año que se promulgó la declaratoria (1994).
Jarquín explica que el último punto de la Declaración de Chapultepec tipifica como “discriminación” la asignación de publicidad solo a medios oficiales; favoritismo en la concesión de frecuencias de televisión y de radio, entre otros casos.
Jarquín señala uno más grave, pues asegura que este Gobierno “viola tanto la Declaración de Chapultepec como una ley de la República de Nicaragua: el acceso a la información”.
“Ya sabemos que el Gobierno se niega a proporcionar información sobre muchos temas, y los periodistas independientes son groseramente discriminados”, agregó Jarquín.
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Siete años después, los candidatos presidenciales que participaron en las elecciones de 2001, por iniciativa del candidato que eventualmente resultaría vencedor, Enrique Bolaños Geyer, firmaron este acuerdo de forma simbólica en la casa de Barrios de Chamorro.
Uno de esos candidatos fue el actual presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra.
Este día, que se cumplen 20 años de un acuerdo de respeto a la libertad de prensa, expresión e información, algunos de los que estuvieron presentes en la casa de Chamorro dudan que Ortega se acuerde de la firma del acta de Chapultepec.
LIBERTAD PERDIDA EN ENTRAMADO DE CENSURA
El escritor Sergio Ramírez Mercado, exvicepresidente del país durante el primer gobierno de Ortega, afirma que en Nicaragua no hay libertad de prensa, sino un entramado que esconde una censura indirecta.
Ramírez explica que las limitaciones a la libertad de prensa no solo se evidencian con cerrar periódicos y agresiones físicas a periodistas, sino “estableciendo límites que a veces pueden parecer sutiles o invisible”.
“Es un conjunto de lazos que van amarrando la libertad de expresión (…) el hecho de que alguien compre una estación de televisión no significa una violación a la libertad de expresión, pero (si la política informativa cambia) nos va llevando a un sofoco de la libertad crítica, de la expresión, de las opiniones libres… nada mejor en una democracia que las ideas, que las opiniones contrastadas y yo creo que esos espacios se han ido reduciendo y solo escuchamos la voz oficial y el abuso con que esta voz oficial se usa, con el propósito de fijar un solo discurso”, manifiesta el escritor.
NO HAY ACCESO EQUITATIVO PARA MEDIOS
Agrega que la política de comunicación del gobierno de Ortega no da acceso equitativo a todos los medios de comunicación y el hecho de “obligar a los medios independientes a tomar como fuente a los medios oficiales “ya es una agresión a la libertad de prensa”.
El exministro de Educación, Carlos Tünnermann, que al momento de la firma de los acuerdos era fórmula del candidato presidencial Noel Vidaurre, considera que se vive una “relativa libertad de expresión” en el país, que se percibe principalmente por el hecho de que Ortega no ofrece conferencia de prensa desde que asumió en 2007, entre otras limitaciones.
Tünnermann también señala que lo que hay en Nicaragua es un “oligopolio” de medios de comunicación, controlados por la familia Ortega-Murillo (la primera dama Rosario Murillo).
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