El 11 de marzo de 1994, hace 20 años, se proclamó en el castillo de Chapultepec de la ciudad de México, la Declaración de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, más conocida como Declaración de Chapultepec.
La Declaración de Chapultepec, dice la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se basa en el concepto fundamental de que “ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, sin importar el medio de que se trate”. Y fue redactada por una asamblea de destacados periodistas, juristas constitucionales, académicos, personas galardonadas con el Premio Nobel, escritores y líderes políticos del Sur, del Centro y del Norte de las Américas, quienes se reunieron en México con el fin de proclamar los valores de la libertad de expresión y de prensa y comprometer a los gobiernos a que la respeten y faciliten su ejercicio.
Más de 20 gobiernos de los países de las Américas se han adherido a la Declaración de Chapultepec. Sin embargo, no en todos ellos se respeta como es debido. Acerca de esto el periodista argentino y expresidente de la SIP, Jorge Fascetto, ha señalado que “aunque 95 por ciento de nuestros países tienen regímenes democráticos, no hay verdadera democracia porque los poderes judicial, ejecutivo y legislativo no son independientes, entonces tenemos problemas de libertad de prensa”.
Precisamente este es el caso de Nicaragua, donde, al conmemorarse el 20 aniversario de la Declaración de Chapultepec se puede comprobar fácilmente que en el ámbito de la libertad de prensa hemos retrocedido. El régimen dictatorial de Daniel Ortega ha creado un imperio mediático oficialista para tratar de imponer una sola voz y los medios independientes son ahora una pequeña minoría. Decenas de medios han desaparecido por el ahogo económico. La publicidad gubernamental es asignada casi únicamente, o con preferencia, a los medios oficialistas. La ley de acceso a la información pública no es respetada por el Gobierno, el cual impide la cobertura independiente de los eventos oficiales. Varios periodistas han sido obligados a huir del país, etc.
Cuando se aprobó la Declaración de Chapultepec, hace veinte años, gobernaba en el país la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, viuda del periodista Mártir de las Libertades Públicas, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y ella misma exdirectora y expresidenta del diario LA PRENSA. Doña Violeta estaba comprometida con la libertad de prensa y su Gobierno respetó y garantizó su ejercicio irrestricto. Lo mismo ocurrió, en términos generales, con los dos gobiernos democráticos siguientes, hasta que Daniel Ortega volvió al poder en enero de 2007 y se cerró el ciclo de la democracia.
En el año 2001, cuando andaba buscando como recuperar el poder por medio de las elecciones, Ortega firmó la Declaración de Chapultepec y se comprometió a respetar la libertad de prensa. Pero tampoco en esto Ortega ha sido fiel a su palabra y otra vez está planteada en Nicaragua la necesidad y el deber de luchar por la libertad de expresión y de prensa, que es condición indispensable para que pueda funcionar la democracia y existir todas las demás libertades y derechos.
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