César Muñoz Acebes
Asunción/EFE
Paraguay se ha unido esta semana a la lista de países que apuestan por las asociaciones público-privadas para dar un salto en infraestructura, un mecanismo en boga en América Latina para superar los “cuellos de botella” en carreteras, aeropuertos y redes eléctricas.
El Gobierno paraguayo concluyó el reglamento que regirá esas asociaciones y adelantó algunos proyectos prioritarios, como el dragado y mantenimiento del Río Paraguay, por el que sale el 80 por ciento de sus exportaciones. Con ello quiere emular a naciones como Brasil, Chile, Perú, México y Colombia, que cuentan con los marcos normativos más desarrollados en América Latina para combinar inversiones públicas y privadas, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En 2012, ese mecanismo canalizó 87,000 millones de dólares en la región, en 78 proyectos, desde plantas solares hasta tendidos eléctricos y tratamiento de aguas, según los últimos datos del Banco Mundial.
Brasil recibió el 78% de la inversión total, que provino de empresas brasileñas, seguidas de españolas y mexicanas. Según el modelo de las alianzas público-privadas, las compañías ponen sobre la mesa capital para las obras y en compensación reciben la concesión de su gestión durante un período de tiempo determinado. El cobro de tasas por servicios públicos es la principal fuente de crítica.
En Paraguay, sindicatos y partidos de izquierda se oponen a las alianzas por considerarlas “una privatización disfrazada” y demandarán su eliminación en una huelga general convocada para el próximo 26 de marzo, junto con otras reivindicaciones.
En América Latina, administraciones de izquierda en Brasil, Chile y Uruguay han impulsado las asociaciones, como ha apuntado en su defensa el Gobierno paraguayo, del conservador Horacio Cartes. No así los Gobiernos que potencian una mayor intervención del Estado en la economía, como los de Venezuela o Ecuador. La planificación estatal fue el camino escogido por la región en los años 70, pero la consecuencia fue una insostenible deuda pública que desembocó en la “década perdida” de crisis de los 80.
En los 90, la región dio un bandazo a la derecha y se centró en las privatizaciones, con la expectativa de que la inversión privada reemplazaría a la pública. Sin embargo, los índices de inversión siguieron muy por debajo de las tasas asiáticas y el crecimiento económico fue decepcionante.
Las alianzas público-privadas son una especie de término medio entre esos dos polos. Conscientes de sus limitados recursos para dar respuesta a las grandes necesidades de infraestructura acumuladas, muchos gobiernos han abierto las puertas al trabajo junto con la iniciativa privada.
En Paraguay, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas estima que el país necesita una inversión de unos 1,000 millones de dólares al año durante una década para subsanar su atraso en infraestructura, pero actualmente solo dedica 200 millones.
El asesor jurídico de la Presidencia, Marcelo Duarte, admitió esta semana que en Paraguay hay muchas obras que comienzan a presentar fallas al poco de inaugurarse por su baja calidad. En cambio, con las nuevas alianzas, la empresa encargada de la construcción es la concesionaria de la presa o el aeropuerto, por lo que tiene un interés en hacer la obra lo mejor posible.
Para los empresarios, la participación pública en los proyectos reduce el riesgo de la inversión y facilita, por ejemplo, las expropiaciones de tierra para la ampliación de una carretera, por ejemplo, según Duarte. Pero esta modalidad de contratos también entraña riesgos, según ha apuntado el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pidió recientemente a Paraguay controlar su impacto potencial en las finanzas públicas.
El reglamento divulgado esta semana establece un límite de endeudamiento del Estado del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para llevar a cabo esos proyectos.
El FMI también aconsejó a su Gobierno garantizar que el proceso sea “transparente y abierto”, una recomendación siempre pertinente en un país donde abundan los casos de corrupción.